Muchas de las cosas negativas que se dicen acerca de la mayoría de los políticos son ciertas.

Lo que sucede es que legalmente son difíciles de probar, pues los mecanismos que se utilizan para esconder fechorías, como riquezas ilícitas, regularmente no son fáciles de detectar.

La mayoría de la gente, incluidos los comunicadores,  entiende que las acusaciones populares, no son falsas,  pero no las aseguran públicamente.

Tienen terror a enfrentarse a poderes sumamente peligrosos, y cuando lo comentan, lo resumen simplemente bajo el alegato de “supuestamente”, porque saben que las evidencias de delitos cometidos no se obtienen de manera fácil.

“Supuestamente” es un término que se utiliza a menudo en los ámbitos de la justicia: nadie es culpable de un hecho  hasta que se demuestre lo contrario. Legalmente no se puede estar haciendo acusaciones alegremente, pues de no ser ciertas, ó al menos, no tener las pruebas suficientes, las demandas acabarán con el acusador.

En la política  el tema de la corrupción ha sido una constante. No se ha escapado a ningún gobierno dominicano, cualesquiera que sea el partido político.

El  varias veces presidente Joaquín Balaguer dijo en una ocasión  que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Pero fuera de ese recinto -y “supuestamente”-  las cosas eran muy distintas y “supuestamente” él lo sabía perfectamente.

Todo dependerá del cristal que cada quien vea la situación. Las percepciones son diferentes, estarán acorde a  simpatías políticas.

Los ciudadanos creen que en materia de corrupción unos son más aventajados que otros, algunos graduados “Magna Cum Laude”,  en la universidad del tigueraje, sin argumentos aceptables para tanto dinero que exhiben. Desgraciadamente todo se enmarca  bajo la protectora y mágica palabra: “supuestamente”.

La actual campaña electoral tiene  la corrupción como uno de sus ingredientes principales, por encima de cualquier programa de Gobierno. Los dos principales partidos se acusan mutuamente de esta práctica en una carrera tenaz para demostrar cuáles de los  funcionarios contrincantes “supuestamente”, han practicado más la sustracción de miles de millones del dinero público, tráfico de influencias entre otras particulares. Además de las evidencias, habría que buscar la ayuda de  un “corruptómetro” que lo verifique, con el riesgo de que este aparato imaginario se rompa por el tanto peso a soportar de décadas delictivas.