POR TANIA HIDALGO
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, afirmó ayer que resulta sospechoso que los oficiales del Estado Civil estén obligando a personas con actas de nacimiento registradas tardías a agotar nuevamente el procedimiento para obtener el documento, “logrando con ello una doble identidad”.

“En la actualidad reposan en nuestra jurisdicción cerca de 8,000 solicitudes que han cursado los oficiales del Estado Civil para que emitamos nuestro dictamen sobre declaraciones tardías de nacimiento a personas mayores de edad, que previamente habían sido registrados, es decir que tenían ya su cédula, pero que se le pide que inicien nuevamente el proceso con el alegato de que las mismas no aparecen en las oficialías”, precisó.

En rueda de prensa efectuada en su despacho, Hernández Peguero dijo que como consecuencia de ello el Ministerio Público emite una opinión pidiéndole a un juez de Asuntos Familiares que rechace esa declaración tardía de nacimiento “por que esas personas ya tienen cédula de identidad y que si permitimos que esas personas tengan un nuevo registro ocurrirá que tendrán una doble identidad”. Dijo el fiscal que en este año en un solo tribunal se ha emitido el nuevo documento a 266 personas, pese a que han dictaminado que se rechacen esas actas, “pero el tribunal no ha puesto caso al dictamen del Ministerio Público”.

“Eso es muy peligroso porque cuando una persona saca doble cédula es o para evadir la justicia o para ejercer el derecho al voto dos veces…, entonces es muy preocupante”, advirtió el funcionario, tras recordar que ese procedimiento tiene un costo en las oficialías.

En ese sentido, llamó la atención del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias para que ordene una investigación con respecto a por qué están requiriendo a ciudadanos pobres, en su gran mayoría, que nuevamente tramiten su solicitud de duplicado de acta de nacimiento como si fuera una declaración nueva.

Asimismo, exhortó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, para que supervise las sentencias dictadas por el tribunal de familia con respecto a estos casos.

“Esto nos mueve a preocupación porque como funcionario público somos los garantes de la identidad del pueblo dominicano. Es grave lo que está ocurriendo. Lo único que estoy diciendo es que los superiores de ambas instituciones tienen que tomar cartas en el asunto en el sentido de la supervisión  de lo que están haciendo sus dependientes”, puntualizó.