POR PEDRO GERMOSEN
La Cámara de Cuentas detectó en la Distribuidora de Electricidad del Este, S.A (EDEESTE), irregularidades y manejos dolosos contra el Estado por una suma superior a los RD$2,066 millones, por lo que sometió ayer a la Justicia a los ejecutivos de esa firma, a quienes acusa de estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores.

Al efecto, el presidente, doctor Máximo Castillo Salas, y demás miembros de la Cámara de Cuentas, remitieron la resolución acusatoria al fiscal del Distrito Nacional, doctor José Hernández Peguero.

Los acusados son Julián Nebreda, presidente de EDEESTE; José Leonardo Mariñas, vicepresidente; los ex presidentes de la firma Kart Huber y Guillermo Ibáñez, los ex vicepresidentes Bayardo Aníbal Mejía y Steven Walsh, y el ex tesorero y vocal Limuel Dadulo.

La Cámara de Cuentas expresa en su resolución que detectó las irregularidades contra el Estado, que es socio de EDEESTE, al practicarle una investigación financiera a la citada firma durante el período comprendido entre el 5 de agosto del 1999 y el 31 de diciembre del 2003.

Señala que el Estado, como propietario del 50 por ciento de las acciones de EDEESTE, invirtió en naturaleza en la referida empresa, a través de la otrora Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), la suma de RD$1,732,478,600.0, equivalentes a US$109,304,687.0, calculados a la tasa de cambio vigente cuando se hizo la operación, que era del RD$15.85 pesos por dólar.

Señala que con autorización de la Junta Monetaria, EDEESTE depositó en el Bank of Nova Scotia Trust Limited, de Bahamas, la suma de US$104,214,357, más otros US$5,090,329.66, correspondientes a pasivos de la CDE y otros gastos, que elevó la suma a US$109,304,678.0

La resolución expresa que la EDEESTE no cumplió con los requisitos para validar el monto inicial correspondiente a la capitalización.

Resalta que la Cámara de Cuentas no ha encontrado evidencias documentarias que avalen que EDEESTE haya honrado su compromiso contractual con el Estado en torno a la suma de US$21.8 millones, que constituyen la diferencia en la validación de la inversión extranjera en la empresa.

Expresa que mediante el experticio se pudo establecer que US$82.5 millones de la inversión extranjera depositada por AES Distribución Dominicana, LTD, a favor de EDEESTE, en su cuenta número 3077, del Bank of Nova Scotia Trust Limited, de Bahamas, «fueron usados para pagos directos a empresas vinculadas, inversiones en bonos, pagos a suplidores de combustibles, equipos eléctricos, canjes de divisas, sin una supervisión adecuada que garantizara la transparencia de esas operaciones que perjudicaron al Estado Dominicano.»

La Cámara de Cuentas expresa que en adición a los elementos referidos, el Estado resultó perjudicado por EDEESTE por un valor de RD$2,066,600,000.0, en lo referente al límite para la constitución de la provisión para cuentas incobrables, tal como lo establece el artículo 29 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario.

Indica que la situación anterior, «es el resultado de mecanismos utilizados para evitar que se puedan hacer evidentes los beneficios generados por la empresa para afectar negativamente los resultados de sus operaciones y consecuentemente los posibles dividendos a recibir por el Estado Dominicano.»

Agrega que, de la misma manera, el Estado también resultó perjudicado por EDEESTE por un monto de RD$171,854,102.74, «como resultado del incumplimiento del Acuerdo de Conciliación y Consolidación de deudas entre la CDEEE y EDEESTE, de fecha 5 de junio del 2003.»

Señala que este perjuicio se produce cuando, de un monto de RD$1,049,218,707.12, que EDEESTE tenía que pagar a la CDEEE, RD$777,364,604.38 serían destinados a adquisición de nuevas acciones de la citada firma por parte del Estado y de los restantes RD$271,854,102.74, EDEESTE sólo pagó a la CDEEE RD$100,000,000.0, «dejando de pagar la suma de RD$171,854,102.74, cuya fecha límite era el 25 de diciembre del año 2003.»

Los magistrados de la Cámara de Cuentas expresan que corresponde al Ministerio Público profundizar |con una investigación minuciosa sobre los hallazgos señalados y calificar éstos, si lo juzgare pertinente, con un dictamen de apoderamiento a los órganos jurisdiccionales correspondientes.