POR LOYDA PEÑA
La Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral  (JCE) dispuso ayer la suspensión del  asistente administrativo de la Oficialía del Estado Civil de La Vega tras detectar un fraude por más de RD$300,000, de los ingresos generados allí por la expedición y legalización de actas.

Asimismo, dispuso la realización de auditorías mensuales en cada una de las Oficialías que funcionan a nivel nacional, y prohibió la intervención de los empleados de esas dependencias de la JCE, ante la Oficina Central del Estado Civil que opera en el Centro de Los Héroes.

De acuerdo con un informe de una auditoría practicada a la Oficialía de la Segunda Circunscripción de La Vega, copia de la cual obtuvo HOY, las irregularidades atribuidas al asistente administrativo, señor Epifanio Cuello Simé, se detectaron por la tardanza  de éste en hacer  los depósitos de los ingresos del día.

Señaló que las recaudaciones en todas las oficialías deben ser depositadas diariamente en el Banco de Reservas, y que sin embargo el señor Cuello Simé las hacía mensualmente, y que no obstante la Dirección Financiera de la JCE requerirle semanalmente el envío por fax del cuadre de caja y depósitos diarios de todos los documentos que se producen en el transcurso de la semana, el funcionario no obtemperó a  esos pedimentos.

En una comunicación dirigida a la Directora de Auditoría de la JCE, licenciada Carmen Comprés,  Cuello Simé  admite su falta y se comprometió a reponer a más tardar el 10 de julio en curso el faltante detectado mediante la auditoría, el cual asciende a RD$377,930.

En su misiva, de fecha 4 de julio en curso y copia de la cual también obtuvo HOY, Cuello Simé  expresa textualmente:

“Cortésmente me comunico con usted para notificarle que por medio de la auditoría de que he sido objeto en el día de hoy, que el faltante detectado en los ingresos de esta oficialía por un monto de ingresos por concepto de actas $228,730.00, y por un monto de $149,200.00 por concepto de legalización de actas, el cual me comprometo a rendir un informe conjuntamente con el depósito”.

Con relación a la prohibición hecha a los empleados de las oficialías para gestionar a los ciudadanos la legalización de documentos ante la oficina central de la capital, trascendió que la medida se dispuso tras comprobarse que es  ilegal lo que se estaba haciendo por ese servicio.

Con esos fines, la CA dio instrucciones de que solamente los mensajeros internos de las oficialías pueden llevar actas a certificar a la oficina central del Estado Civil, por lo cual al interesado  le cobrarán RD$200.