GUILLERMO CARAM 
Guillermo Caram
Sin contar con pensiones recientemente otorgadas y luego del anuncio presidencial de beneficiar 1,630,000 familias dentro del programa Supérate, prácticamente la totalidad de familias dominicanas dependen del Estado.
Llegamos a esa conclusión al sumar subsidiados, empleados públicos, pensionados, contratistas y suplidores; y al comparar esa suma con el número total de familias.
Hay 703 mil empleados públicos registrados en la Seguridad Social.
Al 30 de junio había 179 mil pensionados inscritos en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones a cargo del Estado.
Hay 103 mil contratistas y suplidores registrados en el portal de la DGCP.
Sumando cifras anteriores se llega a 2,615,000 dependientes del Estado equivalentes al 98% de las 2,677,596 familias dominicanas.
El 2% restante fácilmente pudiera representar familias en programas sociales no incorporados a Supérate; empleados públicos no registrados en la Seguridad Social (contratados, informales: nominales, temporeros) y suplidores favorecidos por órdenes de compra otorgadas por funcionarios al margen de registros exigidos. Nuestra sociedad está pues, estatizada, vía su dependencia económica al Estado.
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Mantener y/o proseguir esta situación expone o agrava la imposibilidad fiscal de sostenerlos, disminuye la capacidad de emprendimiento de nuestra población y nos expone al clientelismo populista atentatorio de la dignidad humana y de la perfectibilidad de nuestra democracia.
La imposibilidad de sostenerlos agrava el desequilibrio fiscal existente que se pretenderá equilibrar con parches tributarios distorsionadores de la economía, con endeudamientos que hipotecarían más nuestra economía y/o tentarían la recurrencia a emisiones monetarias sin respaldo agravando presiones inflacionarias.
El abultamiento burocrático disminuye eficiencia de la administración pública: empleados, tratando de justificarse, compiten unos con otros por abrogarse competencias similares traducibles en obstaculización de iniciativas particulares.
Depender de subsidios inhibe que nuestra población emprenda iniciativas para establecer negocios o talleres propios. Disminuye oferta de mano de obra perjudicando procesos productivos o brindando espacios a migración irregular.
El clientelismo populista facilita implantar sistemas políticos opuestos a la democracia con alternancia partidaria que hemos disfrutado durante los últimos 56 años.
Lo anterior debe llevarnos a detener esa estatización perjudicial a nuestra economía y democracia.
