La sangre de la teniente Mercedes del Carmen Torres Báez, de AMET, asesinada el lunes por unos desalmados para despojarla de su arma de reglamento, debería abonar la más vigorosa repulsa de esta sociedad y una acción enérgica del Gobierno contra ese y otros hechos de sangre cometidos en el país. Con despojar a la oficial de su pistola, los asesinos dejaron claro el mensaje de que continuarán provocando muerte y dolor, a menos que la mano de la justicia caiga sobre ellos y frustre sus planes con un castigo tan rudo como permita la ley.

En esa muerte y las de otros militares y policías abatidos para desarmarlos, hay un desafío contra la autoridad que tiene que ser respondido con golpes certeros, mediante una fina labor de inteligencia que permita localizar y capturar a todos los involucrados en estos hechos de sangre. De una manera horrorosa, nos están diciendo que nadie en este país estará seguro si no se toman las medidas necesarias para prevenir estos crímenes.

La sociedad dominicana necesita que las autoridades en las que ha delegado poder lo utilicen efectivamente para poner a raya el crimen organizado, no con intercambios de disparos de desmeritada reputación, sino haciendo caer el peso de la ley contra todo aquel que la evidencia incuestionable siente en el banquillo de los acusados. Reaccionemos antes de que sea demasiado tarde.

Paz en el entorno académico

Las autoridades tienen que garantizar que el entorno de las universidades quede libre de centros de expendio de bebidas alcohólicas y otros vicios. En esos espacios solo deberían poder operar establecimientos que no perturben el orden, la tranquilidad y la sobriedad del ambiente y las personas que lo frecuenten. Es hora de que se vaya pensando en tomar medidas, modificar o crear leyes si fuera necesario, con tal de preservar la tranquilidad en las periferias académicas.

Aparte de que las academias necesitan esa paz, hay que hacer algo por las familias cuyas propiedades han ido perdiendo valor por tener como vecinos negocios que promueven el vicio y el bullicio. Son muchas las familias afectadas por esta situación que las autoridades jamás debieron permitir que creciera hasta los extremos que ha crecido. No hay argumento que justifique semejante estado de cosas.