A través de nuestra historia republicana algunos gobernantes introdujeron ciertas normativas dirigidas a moralizar la gestión pública, todavía los hechos demuestran que muy poco se ha logrado.
Sobre el particular referenciamos al gobernante Fernando Arturo de Meriño, quien durante su gobierno preferenció a profesionales graduados para ocupar los cargos públicos que más ciencia y conciencia exigían.
En 1951 Rafael Leónidas Trujillo se preocupó por que las funciones públicas fueran desempeñadas por personas idóneas diplomadas, y no olvidemos que Trujillo contaba con un gabinete conformado por personas ilustres.
En el gobierno del doctor Balaguer 1961-1990 se elaboraron varios anteproyectos de leyes sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, que luego fueron convertidos en la Ley 14-91.
Durante la gestión del ingeniero Hipólito Mejía se crea la Ley 120-01 que instituye el Código de Ética del Servidor Público.
Once años después el presidente Danilo Medina crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, entidad encargada de velar por que los funcionarios públicos ejerzan sus funciones apegados al Código de Ética Publica. Luego en año 2008 el doctor Leonel Fernández crea la Ley 41-08 que instituye la Regulación de la Función Pública, aún vigente, pero de muy poco cumplimiento.
De manera que históricamente se han presentado iniciativas dirigidas a moralizar la función de los servidores públicos.
No obstante parece que de nada han servidos estas leyes. Pues hoy son innumerables los escándalos de corrupción y de falta ética que se denuncian en la Administración Pública, dejando claro que no se ha actuado bajo los principios, valores y normas éticas que deben primar en un Estado Moderno.
Esto demuestra que el liderazgo político no ha asumido una concepción ética de lo que significa ser servidor público y su trascendencia ante la sociedad.