La situación fiscal del gobierno ha alcanzado un nivel de insostenibilidad que obligaría a un ajuste fiscal antes del 16 de agosto, fecha para la cual está programa la instalación del gobierno que surja de las próximas elecciones, se advierte en círculos económicos.

Se planteó que si no se toman medidas fiscales adicionales, que deberían ser una combinación de reducción de gastos y aumento de ingresos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no podría ser mantenido y se generarían nuevas presiones devaluatorias e inflacionarias.

Se explicó que el deterioro de la situación se ha producido porque no se tomaron medidas oportunas para enfrentar la fragilidad fiscal.

Según se indicó, el proceso devaluatorio que ha registrado la economía y la necesidad de cumplir el acuerdo con FMI obligaban a una reforma fiscal desde finales del año pasado, pero aunque hubo sectores que urgencia la conveniencia de esa reforma, la misma ha sido pospuesta.

El resultado, según se explicó, es que en los primeros meses de año se produjeron niveles de devaluación y de inflación mayores a los previstos, lo cual ha impacto negativamente en el programa financiero acordado con el FMI.

Se indicó que a eso se agrega que el gobierno se excedió en el nivel de endeudamiento externo.

Esos factores han generado una situación que provocaron que el FMI haya decidido detener la segunda evaluación del acuerdo hasta las próximas semanas, para dar tiempo a las autoridades que identifiquen las medida que permitan el cumplimiento del acuerdo.

Según lo señalado, esto obligaría a que el gobierno presente una nueva carta de intención al organismo, donde se señalen las medidas que serían adoptadas para corregir las desviaciones en la ejecución del acuerdo.

Se indicó que un factor que se ha sumado a los señalados anteriormente y que ha agravado la situación es el incremento de los precios internacionales de petróleo, que han rondado los 41 dólares el barril.

Se explicó el incremento del precio del petróleo tiene un impacto fiscal porque, además de que el gobierno gasta más en el combustible que consuma, tiene que aumentar el subsidio que otorga al gas licuado de petróleo y a la tarifa eléctrica.

Por ambos conceptos, el gobierno estaba destinando unos 13,2000 millones de pesos al año, suma que podría estar hoy en niveles superiores, como resultado de los últimos incrementos en el precio del petróleo.

Se explicó que dada esa situación, no se podría esperar a agosto para detener el deterioro de la situación fiscal, ya que en la medida en que los precios del petróleo se mantienen en los niveles actuales o siguen incrementándose y no se contiene la devaluación, se agrava el problema de insostenibilidad financiera en el sector público.

De acuerdo a lo explicado, los problemas fiscales actuales obligan a una ganancia fiscal neta (combinación de gasto y aumento de ingresos) por una suma que oscilaría entre 23 mil y 25 mil millones de pesos.

Se indicó que un elemento que revela la gravedad de la situación fiscal, es que sólo para cubrir el subsidio al GLP y a la electricidad habría que destinar el 12 por ciento de los ingresos del gobierno.

Se indicó que si a eso se agrega que el servicio de la deuda externa absorbe el 36 por ciento, al gobierno sólo estaría en condiciones para cubrir esos subsidios y cubrir los gastos asociados a la nómina pública, que absorbe casi la totalidad del resto del gasto público.

Hay quienes cuestionan que ante la gravedad de la situación no se hayan tomado medida siquiera para paliar el problema, como sería que el compra haga compra de petróleo a futuro, con lo cual se reduciría el costo de los combustibles.

También se consideró que es inexplicable que no se hayan tomado fuertes medidas para lograr un ahorro y una limitación del uso de los combustibles, sobre todo del subsidiado, que es el GLP.