POR  JUAN M. RAMIREZ
El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano observó que la corrupción está muy enraizada en la República Dominicana, lo que demostró una encuesta realizada a finales del año pasado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Indica que el estudio de la academia reflejó que el 82% de los participantes consideró que la corrupción era tolerable, mientras que el 67% sugería a familiares y amigos la aceptación de pagos o sobornos para emitir algún documento desde una función del gobierno.

Indica que funcionarios del gobierno que tomaron acciones contra la corrupción fueron amenazados y pone el ejemplo del agente aeroportuario Angel Cristhoper Martínez, quien fue asesinado por esa causa.

“Fue baleado por agentes criminales en respuesta a que no aceptó una operación aérea que no estaba autorizada para volar”, explica el informe.

Señala que meses antes de ser asesinado, miembros antinarcóticos se acercaron a Martínez y le ofrecieron sobornos para que desistiera de su posición, a lo que él no aceptó.

Destaca el funcionamiento de la Comisión Nacional de Etica Contra la Corrupción, aunque señala que su labor no fue bien conocida por el público en general.

De igual modo, resalta la puesta en marcha de la oficina de quejas contra las acciones de los jueces, por parte de la Suprema Corte de Justicia, lo que dio como resultado la cancelación de magistrados de cortes.

Subraya que en febrero de 2006, el presidente Leonel Fernández dispuso de un decreto que entró en junio, para incrementar la transparencia en las contrataciones y ejecución de los trabajos públicos.

Señala que la sociedad civil definió la disposición presidencial como un paso de avance para controlar los mecanismos de lucha contra la corrupción.

Explicó que el decreto se mantuvo vigente hasta el 18 de agosto cuando fue suplantado por una legislación.

Indica que sobre los procesos de fraudes bancarios existen dudas en cuanto a los pasos que se dan, por lo que organizaciones de la sociedad civil lo califican como un desafío a la impunidad.

Resalta los grandes vínculos políticos de los principales acusados del caso Banco Intercontinental, Ramón Báez Figueroa y Luis Alvarez Renta, lo que genera dudas en torno al desenlace.