Santiago. La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas arrestaron y sometieron a la acción de la justicia al hombre que conducía el vehículo en el que murieron 13 indocumentados haitianos, incluyendo dos menores de edad, luego de que se volcara y cayera en las aguas del canal de riego Cañeo, del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que le imponga prisión preventiva como medida de coerción a Víctor Valentín Álvarez Tapia (Valentín).

Álvarez Tapia es un importante miembro de una estructura de criminalidad organizada transnacional, dedicada al tráfico ilícito de migrantes, especialmente, haitianos indocumentados, que la Fiscalía, junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas desarticuló a finales del mes de abril de este año, tras identificar, arrestar y lograr medidas de coerción contra la mayoría de sus integrantes.

Mediante rastreo de llamadas y otras labores de investigación, el Ministerio Público pudo constatar la participación de Álvarez Tapia en el accidente, ocurrido el 6 de agosto del 2023, donde murieron al menos 13 indocumentados haitianos, nueve hombres, dos mujeres y dos niños (una de 3 meses de nacida y otro de 4 años), luego de que el imputado perdiera el control de la yipeta Toyota Runner color blanco, y cayera a las aguas del canal Cañeo, en Peñuela, municipio Esperanza, provincia Valverde.

La instancia de solicitud de medidas de coerción, depositada por la Fiscalía de Santiago ante el Juzgado de Atención Permanente, establece que esta organización cruza de manera irregular y vía terrestre por la frontera domínico-haitiana por Dajabón, a cientos de personas haitianas, las que luego trasladan a la provincia Valverde.

Desde allí conducen los grupos de indocumentados hasta Navarrete, donde Álvarez Tapia, hijo de la también imputada Ramona Salvadora Tapia Flores, desempeña su rol de alojar a los inmigrantes en casas, cuarterías, terrenos baldíos y otros, para luego, bajo su coordinación, determinar el traslado de estas personas hasta Santiago y otras ciudades del país, exigiéndoles por ese concepto sumas de dinero que oscilan entre $8,000 y $17,000 pesos dominicanos.

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Los integrantes de esta estructura lograron acumular bienes materiales como consecuencia de las ganancias que les dejaba la actividad ilícita, entre estos, vehículos de motor, viviendas, terrenos y otras propiedades.

Álvarez Tapia se enfrenta a cargos provisionales por violación a los artículos 2 y 7 (literales C, D y E), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2 (numeral 11), 3 (letras A, B y C) de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano.