Nueva Delhi, (EFE).- Un senador indio fue enviado hoy a prisión por orden judicial bajo la acusación de haber ofrecido sobornos a diputados en un escándalo de compra de votos de 2008 destinada a evitar la caída del Gobierno del Partido del Congreso.

Según las agencias IANS y PTI, el Tribunal Supremo ha denegado la libertad bajo fianza a Amar Singh, un destacado político que en el momento de los hechos pertenecía al Samajwadi Party, una formación regionalista aliada con el gubernamental Partido del Congreso.

 Singh, de 55 años, había alegado para sortear la cárcel que necesita constantes cuidados médicos tras un reciente trasplante de riñón, pero la corte desestimó su petición y dictaminó que debe permanecer en el penal capitalino de Tihar hasta el próximo día 19. En su pliego de cargos contra Singh, la Policía mantiene que halló en su investigación «suficientes pruebas» de que el detenido «trabó una conspiración criminal» para entregar sobornos en metálico por un valor de «10 millones de rupias (210.000 dólares)».

Junto a Singh también han sido arrestados F.S. Kulaste y M.S. Bhagora, dos diputados del principal partido opositor, el Bharatiya Janata Party (BJP), acusados de aceptar los sobornos ofrecidos por el político aliado del Gobierno.

Los dos opositores denunciaron la existencia de esta trama poco antes de la moción de confianza de julio de 2008, en la que la alianza gubernamental resultó vencedora, lo que le permitió firmar un acuerdo de cooperación nuclear civil entre la India y EEUU.

Los parlamentarios opositores enseñaron durante la moción en la Cámara Baja fajos de billetes que supuestamente habían recibido a cambio de sus sufragios. La presidencia del Parlamento ordenó investigar los hechos, pero el caso no avanzó hasta que el pasado mes de marzo fueron publicados cables filtrados por el portal Wikileaks, según los cuales un mediador mostró a un funcionario de EEUU dinero para la compra de votos.

La revelación reavivó la polémica y la oposición pidió la dimisión del primer ministro, Manmohan Singh, quien días después defendió su inocencia y se remitió a la investigación en marcha.

Singh y su Ejecutivo se encuentran en el ojo del huracán desde hace varios meses, por una serie de escándalos que han motivado las más importantes protestas contra la corrupción en el país asiático desde su independencia, en 1947.

 El más grave de ellos es el referente al supuesto reparto fraudulento de licencias de telefonía móvil de segunda generación (2G) en 2008, que podría haber causado una pérdida al erario público de unos 40.000 millones de dólares. EFE