La deuda millonaria dejada por la administración de Roberto Rosario en la Junta Central Electoral (JCE) causa extrañeza porque, apenas dos meses antes de las elecciones, el entonces presidente del organismo reveló que tenían en banco RD$1,610 millones, los cuales aseguró eran suficientes para honrar los compromisos de la institución.
Rosario ofreció esas declaraciones a la prensa para desmentir al miembro titular de la JCE César Féliz y Féliz, quien el día anterior había dicho en público que los RD$3,000 millones asignados a la Junta para el montaje de los comicios presidenciales, congresuales y municipales no eran suficientes, lo que provocaría que la institución terminara endeudada.
En la oportunidad, Rosario consideró que las afirmaciones de Féliz y Féliz, quien fungía además como coordinador de la Comisión de Presupuesto de la JCE, eran parte de los “bombardeos” lanzados desde afuera y desde adentro al organismo electoral.
En el Presupuesto General del Estado correspondiente a este año, a la JCE le fue asignada una partida administrativa de RD$4,660,981,880, y un adicional para el montaje de las elecciones ascendente a RD$3,100,000,033.
En abundancia. En sus declaraciones del 11 de marzo, Rosario dijo que desde febrero la JCE tenía dinero en banco, y que por lo tanto sus actividades eran normales.
“Es difícil mantener imagen, confianza y valoración positiva de la población cuando la institución es bombardeada desde fuera y dentro sin razón”, dijo a raíz de las declaraciones de Féliz y Féliz.
No obstante, el 8 de noviembre, en una entrevista concedida al periódico El Día, reveló que dejaba en el órgano electoral una deuda de RD$1,200 millones.
Aseguró, sin embargo, que era sustentable porque podía pagarse con recursos propios de la institución, pues según dijo, la JCE promedia al año recaudaciones por el orden de los RD$1,000 millones por concepto de los servicios que ofrecen las oficialías del estado civil.
Resaltó que en los últimos diez años esas recaudaciones alcanzaron los RD$10,000 millones.
Este jueves los nuevos miembros de la JCE, encabezados por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, acudieron al Palacio Nacional a solicitarle al Gobierno ayuda para saldar una deuda de RD$2,400 millones que dejó Rosario Márquez en la institución.
Acreedores. A la empresa Indra, que vendió los equipos electrónicos para las elecciones, la JCE le adeuda RD$641 millones; a la que sirvió la nueva cédula de identidad RD$168 millones; al Plan de Retiro RD$531 millones y al Impuesto sobre la Renta RD$204 millones, entre otras.
Compró lo más caro. Para el registro de votantes y conteo de votos, la empresa suplidora presentó a la Junta Central Electoral seis propuestas de venta y/o alquiler de los equipos. El organismo rechazó la alternativa de arrendamiento.

Sin el Itbis, los montos para las propuestas de venta fueron de US$26,976,000; US$24 millones, 168,000 y US$23,274,946, mientras que para las opciones mixtas de venta y alquiler presentaron ofertas por US$ 21,248,980; US$22,210,000 y US$24,742,000.

La JCE escogió la primera oferta, de US$26,976,000, y en la adjudicación del contrato fueron adicionados US$7,519,760 para mejorar los dispositivos, un centro de control del día electoral y un sistema de gestión postelectoral para la información del escrutinio automatizado, por lo que el costo total del convenio ascendió entonces a US$34,495,760, equivalentes a más de RD$1,500 millones a la tasa del momento.
Rosario quería continuar en el puesto, lo mismo que t los otros miembros.