La nueva deuda de la Junta Central Electoral (JCE) con el Consorcio Soluciones Moderna (SOMO) se elevó a  RD$47.2 millones ayer, no  obstante encontrarse paralizado el proyecto de automatización de los  registros Civil y Electoral.

Mientras tanto, el consorcio RSM-BPAM, conminó a la JCE, mediante acto de alguacil,  a pagarle los US$110,600 que le adeuda por concepto de la auditoría que le practicó al contrato SOMO.

La notificación del acto de alguacil fue hecha a la JCE el martes a las 3:00 de la tarde, y de inmediato el presidente del organismo, doctor Julio César Castaños Guzmán, convocó al Pleno para conocer de la misma.

Ayer, tras dos horas y media de análisis y discusión del tema, los jueces de la Junta acordaron hacer efectivo el pago al Consorcio auditor, y aceptar el informe final de la auditoría, en el que, entre otras cosas, se reconoce la deuda de la JCE con SOMO, y se recomienda al organismo continuar el contrato de automatización.

Laudo arbitral

Los RD$47.2 millones que debe pagarle la JCE a SOMO, corresponde sólo a los 45 días que han transcurrido desde que  el pasado 13 de marzo la JCE fue notificada de una condena  que le impuso un tribunal arbitral, a favor de SOMO.

 El dictamen del tribunal designado por el Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, ordena a la JCE a pagarle a SOMO una deuda atrasada por valor de US$9.4  millones,  un “astriente” de US$20,000 por cada día de retraso en hacer efectivo dicho pago, y otros US$10,000, por cada día que pase sin haber ejecutado la sanción que le fue impuesta.

Aunque desde entonces la JCE ha tratado de llegar a una negociación con SOMO respecto a la deuda a pagar,  a la fecha no han llegado a ningún acuerdo que le permita al tribunal electoral evadir el pago de los US$30,000 que conforme pasan los días, le incrementa más la deuda.

El tribunal arbitral también ordenó a la JCE  continuar el contrato firmado con SOMO en el  2004 y paralizado desde el 2006.

El proyecto de automatización de los registros Civil y Electoral fue contratado originalmente por la suma de US$62 millones.