El crecimiento de la actividad turística está a la vista de todos. Si quisiéramos medirlo hay muchas maneras de hacerlo.

La cantidad de hoteles, la cantidad de habitaciones, los turistas que cada año llegan al país, el gasto de estos turistas, el aumento de los aeropuertos, el consumo de alimentos de origen nacional y los importados, la cantidad de ejecutivos y obreros que cada año llegan a los polos turísticos para incorporarse al trabajo, los impuestos que el fisco recibe de este sector económico, y muchas otras variables.

Las estadísticas oficiales presentan un crecimiento constante del PIB turístico por encima del 10% durante el período 1980-1999. Un envidiable flujo de inversión extranjera durante esos años, crecimiento constante de los visitantes, de las habitaciones y, por supuesto, de los empleos generados.

Es decir, desde donde se vea y como se vea, el turismo dominicano ha sido floreciente, jugoso, rentable y un buen negocio para sus inversionistas.

Pero, ¡y qué pero!, las comunidades donde están ubicados y enclavados los polos turísticos no reflejan toda esa prosperidad.

El chorro del beneficio no llega con la misma intensidad a esos lugares, generalmente poblados cargados de miseria y de gente que ha llegado, en busca de trabajo, atraída por la prosperidad turística. Este también es un tema documentado, particularmente por el último informe de Desarrollo Humano del PNUD.

Estos polos turísticos y estos inversionistas están en deuda con los municipios y las comarcas donde están enclavados.

Hace falta un esfuerzo, apoyado en una legislación específica, para que una porción de todo ese progreso se quede en los sitios donde fue generado, porque no se puede olvidar que estos lugares aportaron sus recursos naturales.