Está probado que en el próximo año el país no dispondrá mediante presupuesto de la magnitud de recursos imprescindibles para enfrentar los problemas de salud de la población, que debe ser de un 4% del Producto Bruto Interno en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se llegará al 2020 con un porcentaje de 1.4%, entre los más bajos de América, continente en el que aparecen Estados que invierten mucho más en el renglón, aunque reúnen mejores condiciones sanitarias y muestran índices de mortalidad materno-infantil y de pobreza inferiores a los de estas tierras. Las necesidades que deben ser llenadas de urgencia incluyen establecer una atención primaria para no saturar de pacientes a la red hospitalaria ni restar calidad a sus servicios.

No existe aquí la contundencia de la medicina preventiva contra enfermedades en vez de tener que gastar en tratarlas. El agua potable con instalaciones domésticas no llega a más de un 25% de la población; y entre las cuentas pendientes en materia de saneamiento están las deficiencias de higiene urbana en municipios deficitarios y sin apropiada disposición final para residuos sólidos para cada comunidad. Irónicamente, se dispone de un sistema de reacción rápida para emergencias ciudadanas que crece muy positivamente hacia todos lados, pero conduce a los afectados a centros que suelen fallar en equipamiento, suministros y funcionalidad.

La Fragilidad de normativas

Con un promedio de 120 mil accidentes laborales al año y poco registro oficial de casos, parecería que el cumplimiento de normas de seguridad -sobre todo para oficios peligrosos- no anda bien en el país. La prevención de daños humanos al realizar trabajos obliga a las empresas a entrenar, supervisar, equipar a operarios y corregir condiciones estructurales riesgosas lo que exige un estricto cumplimiento del que no puede dar fe ni logra imponer autoridad alguna. No se aplican efecivas sanciones por ignorar protocolos trazados para operaciones industriales, manejo de sustancias inflamables, mantenimiento de instalaciones eléctricas contra incendios, muy comunes, y extracciones mineras informales. Lo primero es que los bomberos carecen de recursos materiales, humanos y legales para hacer valer algunas reglas que les corresponden.