El retraso de pago de sectores público y privado al Sistema de Seguridad Social, que alcanza los 263 mil millones de pesos, excluye automáticamente de la atención médica a miles de asalariados, un reprobable efecto calamitoso. Fallarle así a la protección social de más alcance inflige una sustracción de liquidez que a través del tiempo no ha sido enfrentada con firmeza. Aun cuando en un 90% el endeudamiento corresponda a moras y recargos, según lo informado oficialmente, el perjuicio que experimenta todo un patrimonio social no es menos grave. Se trata de recursos que legítimamente deben ser recuperados por los medios ordinarios procediendo contra los deudores hasta lograr el máximo respeto a las obligaciones contractuales,
Las entidades privadas y estatales suscritas al sistema deberían estar subordinadas a un régimen de consecuencias que no se limite a privar de cobertura a los afiliados, víctimas propiciatorias de la masiva omisión y a los que seguramente se hizo objeto de los descuentos salariales que corresponden. Ni más ni menos que apropiarse de lo ajeno. Desde siempre el sistema asegurador ha sido vulnerable a evasiones y elusiones, constantemente perjudicado por falsificaciones y ocultamientos de nóminas, como si la ley exceptuara de sanción a quienes incurren en maniobras transgresoras en perjuicio de tan importante servicio social. En plazos razonables y negociados, deben ponerse al día.

Persistencia de lo extrajudicial

Debería ser tarea ordinaria de la Justicia comprobar en cada caso la autenticidad de los llamados intercambios de disparos con saldos mortales a manos de agentes de la Policía aunque las circunstancias y testigos digan otra cosa; casos que solo excepcionalmente el Ministerio Público investiga, quedando como única versión válida la que ofrezca, con espíritu de cuerpo, la propia institución del orden público.
No se niega que la criminalidad también destruye vidas de padres de familia de las filas policiales lo que no debe quedar sin castigo. Y más aún: el calificativo de «ejecución extrajudicial» cabría también para los recurrentes linchamientos de supuestos delincuentes por turbas callejeras. A los autores de esas muertes al instante se les debe perseguir tenazmente. Ellos también incurren en violenta negación de justicia.