Esta vez el escándalo salpica el ámbito municipal y a los partidos a los cuales pertenecen los regidores inculpados de negociar con los pasaportes oficiales que les fueron otorgados en virtud de sus cargos.

La persecución judicial contra cerca de una veintena de regidores expone con claridad cuán devaluada está esa posición electiva.

Antes se requería una conducta inmaculada y dotes morales a prueba de cuestionamientos para merecer ser postulado a regidor, cargo que generalmente se desempeñaba de manera honorífica.

Entonces era muy difícil, por no decir improbable, que alguien saltara de una Sala Capitular a un banquillo de acusados por actos como los que se les atribuye a regidores de estos tiempos.

Así era hasta que a los partidos políticos se les ocurrió asignarle sueldos, dietas, viáticos y pasaporte oficial a quienes desempeñaban este cargo, que además fue tomado para pagar, con los dineros del municipio, trabajos de campaña y favores políticos.

Ha sido en esta virtud que las regidurías han pasado de posiciones de alta honra a puestos que cualquiera puede deshonrar y poner en entredicho haciéndose acreedores de imputaciones de actos indecorosos que la Justicia tendrá oportunidad de investigar y comprobar, y quiera Dios que lo haga de manera transparente y clara.

-II-

Lo que estamos tratando es una muestra más de las prácticas que los partidos políticos han estimulado por no aplicar reglas éticas internas que les permitan depurar a sus potenciales candidatos a puestos electivos.

La falta de controles de esa naturaleza en los partidos ha permitido que se multipliquen las conductas indecorosas desde las posiciones públicas, electivas o por designación, y ha propiciado que gente que llegó a los cargos virtualmente sin nada, al cabo de un tiempo puedan hacer ostentación de riqueza sin que nadie pase balance de sus actuaciones.

Si ahora es posible inculpar a cerca de una veintena de regidores de negociar con pasaportes oficiales, ha sido porque sus respectivas organizaciones no han impuesto reglas de moralidad ni han dado seguimiento a lo que hacen sus militantes en los cargos públicos.

Aquí ningún partido ha exigido a sus militantes que ocupan cargos que presenten oportunamente la declaración jurada de bienes.

Aspiramos a que la Justicia haga su papel en el caso de los regidores acusados de negociar con pasaportes oficiales, sancionando a quienes resulten culpables de esas actuaciones y destacando la inocencia de quienes no sean culpables.

También debería haber alguna condena moral para los partidos a los que pertenecen los que resultaren culpables. Hay momentos en que quisiéramos escuchar de estas organizaciones un sincero y convincente mea culpa por muchos de los problemas que hay en este país. Al fin de cuentas, soñar es gratis.