El grupo inversionista francés Accor, que tiene el arrendamiento del hostal Nicolás de Ovando, declaró ayer que la sentencia de una Corte de Apelación que ordenaba la devolución de ese inmueble a Diógenes Marino Gómez (Dimargo) está suspendida por la Suprema Corte de Justicia, hasta que ese tribunal decida sobre alegadas irregularidades procesales.

La empresa afirmó, además, que la ejecutoriedad de la sentencia del 22 de octubre de 1999, en San Pedro de Macorís, también se encuentra suspendida porque interpuso una demanda en suspensión por ante la Suprema Corte.

Precisó que el señor Gómez tiene la litis judicial desde hace aproximadamente 17 años y que Accor como empresa no es más que un tercero que se vio involucrado cuando en 1997, sin tener conocimiento de la misma, firmó un contrato de arrendamiento con el Estado.

«Sólo en 1997, 10 años después del inicio de la litis, aparece la empresa Accor, que firma un contrato de arrendamiento del hostal Nicolás de Ovando con el Estado dominicano. En esta ocasión el Estado Dominicano se comprometió a establecer las garantías de ocupación pacífica del inmueble por Accor y a mantener la empresa francesa indemne de toda controversia», dijo Jacques Serpollier, director general de Accor en la República Dominicana.

Serpollier habló en rueda de prensa, en el salón Ambar del hostal, donde estuvo presente el embajador francés, Jean Claude Moyret y el abogado de la empresa doctor Carlos Radhamés Cornielle,

Expresó que nadie puede entregar al señor Gómez, una propiedad del Estado Dominicano como es el hostal y que lo único que podría solicitar, sería una compensación financiera por las inversiones que alegadamente hizo en el hostal, antes de la terminación de su contrato en 1987.

De su lado, el doctor Cornielle dijo que la campaña contra Accor se ha agudizado recientemente por la decisión de la Suprema Corte de Justicia.

También dijo que esta decisión fue lograda de manera engañosa y ocultando documentos importantes.

Nuevos recursos de casación han sido depositados y Accor se ve obligado a contestar públicamente los alegatos de la empresa Dimargo.

Indicó que el reclamante del inmueble carece de un contrato mediante el cual se le confiere los derechos del hostal, ya que el suscrito en fecha 12 de junio de 1985 y que en ese momento invocó como el instrumento legal que le amparaba sobre el hostal, tenía una cláusula que daba al Estado a través de Corpohotels, la facultad de rescindir el mismo, en cualquier fecha y sin que mediara incumplimiento por parte de dicha arrendataria.

Expresó que debido al incumplimiento por parte de Dimargo de sus obligaciones contractuales con el Estado, Corpohotels decidió rescindirlo.

De su lado, el embajador Moyret reiteró su confianza en el sistema judicial dominicano y en la Suprema Corte de Justicia y manifestó su interés en que todo se resuelva dentro del marco legal e institucional.

Asimismo, destacó que Francia mantiene su apoyo a la inversión que ha hecho Accor en la República Dominicana, así como a las inversiones de las demás empresas francesas radicadas en la República Dominicana.