MIGUEL AQUINO GARCÍA
La reciprocidad del tratado de extradición existente entre los Estados Unidos y la República Dominicana ha sido puesta a prueba de fuego, dado que ambos países, reclamaron formalmente la extradición de ciudadanos alegadamente implicados en actos delictivos en el territorio de la nación reclamante.

Los Estados Unidos acaban de obtener la extradición del señor Quirino Paulino Castillo quien se encuentra ya en una carcel federal de New York, bajo la acusación de haber participado en actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero en Estados Unidos, ahora falta por verse el resultado de la petición de extradición que el Estado Dominicano ha hecho del ciudadano estadounidense Sam Goodson, por alegados actos de desfalcos millonarios del Estado dominicano, en relación al plan Renove.

La verdad es que el Estado dominicano ha cumplido reiterativamente con los términos del tratado entre ambos países, devolviendo bajo custodia a Estados Unidos a ciudadanos dominicanos acusados de actividades criminales en territorio americano, para enfrentar la justicia en ese país en las últimas décadas, y estas correctas disposiciones no solo han favorecido la instrumentación de la justicia en cada caso, sino que dichas medidas tienen el efecto de fortalecer el buen nombre de aproximadamente un millón y medio de dominicanos que residen en «los países» ganándose la vida con el trabajo decente y laborioso, y que nada tienen que ver con actividades delictivas de una clara minoría. El gran público americano identifica a los ciudadanos de nuestro país con el talento y los logros de nuestros deportistas, por ser los extranjeros más numerosos y exitosos en las Grandes Ligas y verdaderos embajadores de nuestra nacionalidad. Numerosos reportes de televisión en Estados Unidos con frecuencia reseñan las historias de niños dominicanos sin recursos que en campos y solares de nuestro país, y jugando pelota con «guantes» hechos de cartón, alientan la esperanza de llegar un día a las Grandes Ligas, tal como le han precedido centenares de sus compatriotas. El dominicano promedio es también reconocido por su capacidad de trabajo y el amor por su país por lo que están siempre montando «viajes de regreso», aunque estos sean solo transitorias ilusiones. Igualmente una importante clase media profesional dominicana adquiere cada vez más raíces en distintas urbes estadounidenses, y qué decir de talentos dominicanos que como Oscar de la Renta han obtenido los más altos reconocimiento en su rama de actividad y a nivel mundial. Esa imágen del dominicano en norteamérica es fortalecida cada vez que nuestras autoridades se niegan a convertir nuestro país en un refugio de delicuentes.

En esta ocasión le toca el turno a Estados Unidos de honrar dicho acuerdo devolviéndonos al señor Goodson. De no cumplir los Estados unidos con su parte del tratado de extradición, habría que concluir que Rhadamés Gómez Pepín tiene razón en afirmar que dicho tratado es de una sola vía, ya que los americanos no nos han enviado nunca un ciudadano de su país para ser juzgado en el nuestro, aunque no estamos seguros de si alguna vez les hemos reclamado alguno. En esta ocasión y en relación a la extradición de Quirino hacia Estados Unidos, disentimos sin embargo de la siempre respetable opinión de don Rhadamés, -las cuales por la honradez y solidez de juicio gozan siempre de la atención del publico-, pues creemos que esta extradición y la de cualquier otro individuo alegadamente conectado a actividades criminales extraterritoriales es procedente, ya que el crimen globalizado y organizado hacen necesaria la cooperación estrecha de todas las naciones. Obsérvese como Venezuela y Colombia también han extraditado por la misma razón a nacionales de sus países a Estados Unidos, de hecho soldados americanos realizan operativos militares junto a la milicia colombiana en las montañas de su país, en la persecución activa de los capos. El caso del señor Goodson curiosamente se ajusta más a los términos del tratado de 1910 entre ambos países, pues en aquel tiempo el narcotráfico y el crimen organizado practicamente no existían, y la idea del tratado era evitar que vulgares delincuentes individuales usaran su país de origen como refugio. La cooperación internacional contra el crimen se ha hecho ahora tan absolutamente necesaria, que si no hubiera habido tratado en 1910 nos hubiera tocado firmar uno a la carrera.

Por otra parte a todo acusado se le presume inocencia, hasta que en juicio público y contradictorio se demuestre lo contrario, y una persona inocente no tiene porque temer a la acción de una justicia bien aplicada. Por tanto los pataleos de Quirino para que no se lo llevaran, y los del señor Goodson para que no lo traigan, no hacen mas que despertar sospechas en la mente de cualquier observador imparcial de los hechos. Sería oportuno también que el señor embajador de Estados Unidos, quien hizo uso de los canales legales para propiciar la extradición de Quirino, debiera igualmente interponer sus buenos oficios para que su gobierno tenga a bien «devolvernos a aquel gringo», en nombre de la reciprocidad del mismo tratado. Después de todo y a pesar de sus precariedades, la justicia dominicana ejemplarizada en la honorabilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, debe tener la oportunidad de resolver el caso Goodson de alegado «salteo» individual, mientras que en el caso de Quirino, las conexiones internacionales y los alegados 1387 kilos en un solo viaje eran todavía mucho peso, por algún lado se nos hubiera roto nuestra precaria balanza judicial. Quirino debe saber que de ser inocente, sin duda se beneficiará con la libertad otorgada por la experimentada y equitativa justicia americana, ahora de no serlo…