La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró este miércoles las razones que llevaron a la empresa Transcore Latam SRL, a depositar una acción de habeas corpus preventivo por el proceso suspendido entre esta y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

«Con esta acción, el gerente de Transcor Latam, SRL. y sus abogados buscaban prevenir un eventual arresto ilegal, atribución que no se encuentra dentro de nuestro ámbito de competencia», externó la DGCP.

Asimismo, aportó que en la audiencia celebrada hoy en la 8va Sala de la Cámara penal del Juzgado de 1era Instancia del Distrito Nacional, «nuestra consultora jurídica, Raquel Miranda, estableció que la DGCP no está facultada para perseguir penalmente, ni solicitar arrestos o privaciones de libertad de ninguna índole».

La DGCP explicó que su rol es verificar que en las entidades comprendidas «en el ámbito de la ley se apliquen en materia de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, las normas establecidas por esta ley, sus reglamentos», así como las políticas, planes, programas y metodologías.

A través de un mensaje colgado en su cuenta de X (antes Twitter), agregó que, dentro de las facultades de la DGCP «está adoptar medidas cautelares, de oficio o a petición de parte, que permitan garantizar la efectividad y el cumplimiento de las resoluciones que dicten respecto de reclamos o controversias en procedimientos de compras».

«Y precisamente, eso es lo que indica en la resolución RIC-1 56-2023 que ordena la suspensión provisional del referido contrato», añadió.

Cabe resaltar que la jueza Diana Moreno Rodríguez, acogió las conclusiones presentadas por la DGCP en el entendido que «Pedro Vinicio, ni su abogado pudieron probar que existen indicios de persecución o amenaza contra la privación de su libertad».

«Como órgano rector del Sistema de Contrataciones continuaremos actuando apegados al mandato de la ley y reiteramos que durante esta gestión no habrá silencio administrativo», reiteró la entidad.