El Ayuntamiento de San Pedro de Macorís violó varios principios de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, e incurrió en irregularidades graves, informó ayer la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que decidió anular la contratación de servicios de recolección de residuos sólidos que le adjudicara a la empresa RJC Clear, S.R.L propiedad de Robinson Canó.

La DGCP explica en un comunicado, que según los resultados de la investigación que iniciaron a principios de febrero de 2021, el cabildo violó varios principios de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, e incurrió en irregularidades graves, tales como inobservancias del pliego de condiciones que impidieron una mayor participación de oferentes y subjetividad en el método de evaluación de la oferta técnica y económica.

La entidad que dirige Carlos Pimentel Florenzán además señala que hubo irregularidades al presentar un plazo corto e irrazonable para presentar las propuestas y la imposibilidad de subsanar credenciales.

La institución concluyó que el Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís incumplió con el debido proceso administrativo, por tanto, la “consecuencia jurídica que se deriva de las irregularidades graves constatadas en el pliego de condiciones específicas es la nulidad de pleno derecho, por la imposibilidad de realizar una evaluación imparcial y objetiva”.

La DGCP enfatizó la importancia de que los procedimientos de contratación sean llevados de conformidad con el debido proceso administrativo vigente, particularmente en atención al perjuicio que causa a las administraciones centrales y locales el no apegarse al cumplimiento de la Ley, en especial el no determinar con certeza las especificaciones técnicas y los criterios de evaluación.