El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo ayer que hay indicios de irregularidades en el manejo de las compras y contrataciones del ayuntamiento de La Guáyiga en el período en que lo administró la actual ministra de la juventud, Kinsberly Taveras.

Pimentel explicó que al analizar los datos de los ayuntamientos La Guáyiga y Boca Chica encontró indicios de tipo penal en la licitación para la recolección, transporte y vertido de seis mil toneladas de desechos sólidos no peligrosos domésticos, adjudicación que recayó sobre la compañía OAR Imperio, vinculada a Taveras, por lo que ayer depositó esos documentos en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción.

Igualmente explicó que halló irregularidades en la ejecución del contrato suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y el Consorcio Consmara-Seminsa en el marco de la licitación pública internacional para remodelar el Hospital Luis Eduardo Aybar, por lo que también ayer realizó un sometimiento.

Durante un evento de rendición de cuentas de sus primeros cien días, el director informó que en los archivos de la institución había más de 200 casos de los cuales él ya gestionó 150 y sometió algunos ante la Procuraduría General.

Entre los casos sometidos en estos tres meses por la entidad están el de la contratación de RD$11,500 millones en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte de Obras Públicas durante la gestión del exfuncionario Gonzalo Castillo.

El del Plan Social sobre la sustracción de los discos duros de los equipos del área administrativa y jurídica por parte del personal de la pasada gestión.

Además citó el caso del caso del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) que trata de varias irregularidades en las condiciones para optar a la contratación de la compra de materiales para la reconstrucción y mejora de 30,000 viviendas en el territorio nacional y la adquisición de materiales de construcción para la brigada de acción rápida para el Instituto Nacional de la Vivienda.