La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó ayer que remitirá ante el Ministerio Público los hallazgos en la licitación para la “contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo” ante las graves irregularidades, por las cuales anuló el contrato por RD$1,300 millones entre la empresa Transcore Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

La entidad apuntó que se debe investigar a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de esa empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.

En rueda de prensa el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, indicó que los hallazgos serán remitidos a los fines que en la Procuraduría, “se verifiquen las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudieran constituirse en indicios razonables de conductas de índole penal”.

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Adelantó que de forma administrativa la empresa citada será sancionada y que el proceso se ha estado llevando junto a la Contraloría.

“Producto de los hallazgos detectados en las investigaciones realizadas, hasta este momento, conjuntamente con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, el órgano rector estará agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam, SRL, para determinar las consecuencias jurídicas, acordes con la naturaleza de las irregularidades y hechos que se mencionan en estas resoluciones”.

Nulidad contrato

Igualmente informó que en atención a las violaciones graves al debido proceso, anuló el primer “Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas”, lo que implica la nulidad del contrato entre Transcore Latam y el INTRANT, tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones tienen vicios que afectan su validez.

Entramado societario

El informe de la DGCP también arrojó la existencia de un entramado societario para ocultar la persona o entidad beneficiaria real del contrato, al identificar indicios de falsificación de documentos, estructura empresarial imprecisa, composición accionaria difusa, naturaleza inusual y precisa de los resultados de los índices calculados en cuanto a los estados financieros, movimientos de accionistas sospechosos, entre otras irregularidades.

“Sobre la empresa adjudicataria, en el curso de la investigación y en el desarrollo del proceso de debida diligencia, la DGCP ha podido identificar un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final. Este fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones”.