La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) presentó ayer el “ABC de la debida diligencia en las contrataciones públicas”, con lo que busca dotar a los servidores públicos de los conocimientos necesarios para prevenir conductas antijurídicas y contrarias a la ética.

La iniciativa, señala una comunicación de la entidad, tiene el propósito de proveer herramientas para la identificación oportuna y el tratamiento de los conflictos de intereses, inhabilidades y prácticas anticompetitivas.

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Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, indicó que la debida diligencia es un mecanismo de control y prevención de infracciones, que permite que las instituciones tengan un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de los oferentes, proveedores y de cualquier acto que intervenga en el proceso.

“La aplicación de la debida diligencia ayuda a disminuir la vulnerabilidad de las instituciones en temas de riesgos legales, reputacionales, operativos, de lavado de activos, de corrupción, de integridad y financieros, entre otros”, explicó Pimentel.

Precisó que El “ABC de la debida diligencia en las contrataciones públicas” es una guía de control interno que podrá ser aplicada en los procedimientos ordinarios o de excepción, sin importar en la etapa que esté el proveedor.

Pimentel dijo que para Contrataciones Públicas ese instrumento es muy importante, porque garantiza la ética en las instituciones, con la identificación oportuna de conflictos de interés, la evaluación de riesgos de integridad, inhabilidades o régimen de prohibiciones.

Agregó que el instrumento advierte sobre posible lavado de activos, complicidad y cohecho.

Este documento, explicó además, busca obtener información sobre los servidores públicos involucrados en los procedimientos de selección del contratista y de los proveedores con los cuales sean establecidos vínculos contractuales, a fin de tomar las mejores decisiones y gestionar riesgos emergentes.

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