Hoy 
El Poder Judicial conmemora hoy su día estrenando cambios importantes en la administración de justicia y que tienen por finalidad apuntalar el Estado de derecho.
La Suprema Corte de Justicia, con nuevos actores, se despoja de la función de decidir sobre la constitucionalidad de leyes y actos. Ese deber corresponde ahora al Tribunal Constitucional, creado en obediencia al Título VII y los artículos correspondientes de la Constitución.
En el ámbito electoral, la jurisdicción contenciosa queda en manos del Tribunal Superior Electoral, cesando así el ejercicio de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral.
El Poder Judicial es el instrumento por excelencia para la preservación de todas las garantías atinentes a la sociedad y sus instituciones públicas y privadas. Los cambios a que ha sido sometido deberán fortalecer estas garantías. Las jurisdicciones especializadas creadas fortalecen ese propósito.
Sin embargo, en un día como hoy hay que expresar la preocupación por las precariedades que afectan la administración de justicia. Muchas dependencias judiciales no han empezado a funcionar por falta de infraestructura y otras funcionan precariamente por estrechez de sus espacios. Tenemos un Poder Judicial que se desenvuelve entre los avances de sus altas cortes y los retrocesos que taran el trabajo de las bajas cortes.
Investigaciones inconclusas
La administración de justicia tiene en el ámbito penal un soporte que puede influir decididamente en la agilidad o rezago de los procesos y en la calidad de las sentencias.
Como jefe de la investigación criminal y sustentador de la acusación, el Ministerio Público juega un papel estelar que debe contribuir a que la justicia sea ágil y diligente.
De ahí que llame la atención el hecho de que el Ministerio Público mantenga aparentemente estancados por lo menos veinte casos criminales importantes, de cuyas investigaciones, a cargo de varias comisiones, no se conocen conclusiones. Entre esos casos están la pesquisa sobre un posible atentando contra el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, y el asesor en lucha antidrogas del Poder Ejecutivo, Marino Vinicio Castillo. ¿En qué punto están las indagaciones?
