Este 9 de diciembre se  celebra el Día Internacional Contra la Corrupción y  encuentra a la República Dominicana inmersa en procesos que buscan acabar con este flagelo que ha estado enquistado durante mucho tiempo en la administración pública.

La Presidencia de la República informó que el presidente Luis Abinader anunciará hoy la puesta en marcha de acciones que permitirán ampliar y fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar la transparencia en la dirección de la administración pública.

La lucha contra la corrupción es uno de los principales reclamos de la sociedad dominicana desde hace años, pero se intensificó en el año 2017 cuando explotó el escándalo de sobornos por 92 millones dólares que admitió pagar la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de la pasada administración, en complicidad con un empresario, para conseguir licitaciones de obras de manera irregular.

El MP se prepara para presentar mañana 10 pruebas en contra los seis implicados por el caso  sobornos, así mismo plantea presentar testigos  de tres exejecutivos del consorcio.

El caso más reciente es la denominada operación Anti Pulpo por el que  fueron dictadas tres meses de prisión preventiva a siete personas entre los cuales se encuentran exfuncionarios de la administración del expresidente Danilo Medina, como el ex director de la Oficina de Obras Supervisoras del Estado (OIsoe), Francisco Pagán, y uno de sus hermanos, Juan Alexis Medina Sánchez, acusado de liderar un supuesto entramado de corrupción para beneficiarse de manera irregular de  contracciones con el  Estado.

También se impusieron medidas coercitivas de prisión domiciliaria contra la exvicepresidenta del  Fondo Patrimonial de las Empras Reformadas (Fonper)y hermana del exjefe del Estado, Magalys Medina; el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; y el ex contralor General de la República, Rafael Germosén.

Otros casos que están en la justicia en proceso para ser investigados son la compra irregular de hormigón asfáltico  por parte gestión de Gonzalo Castillo frente a la  administración del Ministerio de Obras Públicas (MOPC),  por un valor 11,500 millones de pesos.

Además está el proceso de la compra irregular de 40 mil kits por parte del Instituto  Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), renunciando su directora Berlinesa Franco por el escándalo.