La carpeta de la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, está repleta de planes, con los que pretende fortalecer la institución y defender a  los consumidores, a quienes  insta a pasar de las quejas a la acción.

La ejecución de las  políticas de defensa a los consumidores que mantendrá la funcionaria, las que asegura ejercerá con responsabilidad, dependerán del apoyo oficial, ya que actualmente no cuenta con los recursos necesarios para cubrirlas.

Por más de veinte años, Paulino ha defendido los derechos de los consumidores desde diversas organizaciones, por lo que prevé que a partir de ahora desde su nuevo rol oficial, seguirá con el mismo trabajo responsable que ha presentado a lo largo de ese tiempo.

Mantiene la esperanza en que el Poder Ejecutivo le asigne el doble del presupuesto que recibe hoy, RD$85 millones. “El presupuesto de la institución es el que heredamos de la Dirección de Control de Precios, pero nunca lo dan completo, y yo aspiro a que lo dupliquen, porque solamente así podré hacer lo que quiero”.

Perspectivas

A pesar de las precariedades que ha encontrado,  sus ideas están centradas en transformar y hacer eficiente la entidad. Durante su corto tiempo en el cargo ha realizado  campañas para que la gente entienda que ese organismo está ahí para defender a los consumidores y usuarios de bienes y servicios.

Necesitan vehículos para realizar operativos simultáneos, ya que solo cuenta con dos camionetas y un minibús, por lo que requiere de esos recursos para fortalecer algunas zonas de la capital en las que existe un alto número de comercios.

Asimismo, la oficina Santiago está en necesidad de por lo menos dos vehículos para que cubrir Dajabón, Puerto Plata y otras zonas de la región Norte.

“Mucha gente se queja pero no le gusta actuar, entonces tenemos que pasar de las quejas a la acción, y nosotros estamos para acompañarla en la acción”, asegura.

La cultura del engaño no ha desaparecido en el mercado dominicano, y por tales razones es que entre sus metas está conseguir un local en el Sur, otro en el Este y en San Francisco de Macorís, lo que aumentaría el radio de acción de la institución, que actualmente cuenta con una oficina en la ciudad de Santiago, la cual también tiene sus carencias.

Esos planes los visualiza si le asignan el presupuesto que solicitará, y aunque reconoce que el Gobierno tiene bastantes compromisos, el organismo  jugará el rol para el cual fue creado: defender el bolsillo de todos los consumidores.

Pro Consumidor no permitirá la reincidencia, no dará otra oportunidad a establecimientos a los que anteriormente se le encontraron productos vencidos, porque ahora serán cerrados, multados y se les aplicará la ley a todos por igual.

No cree que continúe la incautación de productos vencidos, sino que lo que procede es cerrar los comercios que los expendan,  y paguen las multas establecidas por la ley.

Paulino destaca que el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) podrá realizar su labor de interventor en la estabilización de los precios, y para eso “está en nuestros planes aliarnos a ellos”.

Ley del consumidor

La ley 358-05, de protección de los derechos del consumidor o usuarios, tiene la ventaja de que no es una ley solo para el sector privado, sino que tiene competencia para escuchar a ciudadanos que se quejen por los malos servicios que  reciban de alguna entidad del sector público.

El reglamento sobre protección al consumidor establece que los bienes ofertados deberán cumplir con las condiciones de cantidad, calidad y precios, para que su distribución sea equitativa al pago que hacen los usuarios en todos los establecimientos.

Una ardua labor

Paulino admite que la anterior directora, Carmen Meléndez, a pesar de las precariedades con que se manejó, formó la entidad, y que ahora le toca su turno para fortalecerla y cumplir lo que, por diversos motivos, no pudo lograr su antecesora.

Le preocupa la clase media porque es la que más consume y es la que paga los impuestos, pero está atrapada por la publicidad engañosa, y casi nadie sale en su defensa. “En mi gestión  abriremos un espacio para que se  expresen”.

Los usuarios con algún inconveniente podrán ponerse en contacto con Pro Consumidor vía Call Center al 809-567-8555 y con el 1-200 sin cargos desde el interior hasta la 7.00 de la noche de lunes a viernes.

En relación a los contratos de adhesión, aquellos que traen letras muy pequeñas cuando se adquiere un inmueble, una tarjeta de crédito u otros bienes,  normalmente el cliente acepta las condiciones del proveedor, lo que asegura la funcionaria cambiará a partir de este momento porque la ley establece que las letras figuren en tamaños normales y que los contratos sean presentados previamente al organismo.

Paulino ha detectado que las mayores trampas del mercado están en los contratos inmobiliarios, cuando las personas se deciden por la adquisición de una  vivienda.

“Pro Consumidor tiene la obligación, por  mandato de la ley, de revisar esos contratos para eliminar de ellos las posibles cláusulas abusivas”, explica.

Asegura que trabajará para que Pro Consumidor sea una de las instituciones creíbles de la sociedad, por entender que parte de la crisis que se siente hoy lo constituye la falta de valores, responsabilidad  y de credibilidad.

La protagonista

Altagracia Paulino

Directora Ejecutiva de Pro Consumidor

Nombrada por el decreto 679-09 del 8 de septiembre  y posesionada en el cargo el 14. Se inició en el periodismo en 1972, y laboró como corresponsal de varios periódicos y programas de radio y televisión. En 1996, obtiene una beca para estudiar Derecho del Consumidor en Israel. Actualmente mantiene el programa  diario “Con el Consumidor”, y preside la Fundación por los Derechos del Consumidor.  Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad de la Tercera Edad.

La cifra

RD$4.0 Millones. Recibe la institución cada mes para cubrir sus obligaciones, en donde el sueldo más alto es de R$70,000. Los directores devengan RD$40,000,  que cumplen un horario de trabajo al igual que los demás en el organismo

La misión

De acuerdo con Altagracia Paulino, el personal  bajo su mando, más de 200 empleados, se ha enamorado de la labor que realiza, no necesariamente del salario, sino de la misión que tiene delante.

Pro Consumidor, que suprime la otrora Dirección de Control de Precios, envía tres Promotores de las Buenas Prácticas del Comercio -antes inspectores-, a supervisar los establecimientos, y lo  realiza esa cantidad porque dos pueden ponerse de acuerdo para hacer cualquier fechoría, pero tres no. “Esos empleados son vigilados para que nadie diga que la gente de Pro Consumidor están extorsionando por ahí”.

El organismo también tiene los departamentos de Planificación, Reclamaciones, Tecnología, Jurídica, Inspecciones, División de Orientación al Consumidor, Conciliación, y cuenta con una ayudante de la Procuraduría, con la que ya en algunos casos se han producido sentencias a favor de los consumidores.

El consejo directivo lo integran, además de la directora, José Ramón Fadul, secretario de Trabajo, presidente; Robinson Ruiz, representante de las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores; Zoila González de Gutiérrez,  Medio Ambiente; José Sehuoerer, sector Salud; Ana Ysabel Acosta,  empresas productores de mercancías, y Marcos Peña,  empresas suplidoras de servicios.