Ha sido la propia Junta Central Electoral la que al convocar un encuentro con los partidos políticos en aras de mantener relaciones armoniosas con ellos la que ha dicho que es necesario «viabilizar la tolerancia, convivencia pacífica e integridad electoral». Abre el órgano un espacio para las precisiones y el análisis sereno que convienen para allanar el camino hacia la fiesta de la democracia que deben constituir las elecciones del próximo año. Este gesto conciliador ocurre tras demandar estricto respeto a las restricciones al proselitismo que se reputaban consensuadas con anticipación y sin propósito de conculcar derechos (lo que no es evidente) sino regularlos.
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La convocatoria confirma que la JCE, como ha mostrado antes, está consciente de que la aceptación y mérito de sus estelares funciones depende significativamente de la confianza que inspire en la sociedad al aplicar con equidad e independencia sus normativas. En la presente circunstancia, en la que incluso ha sido blanco de críticas denostadoras, nada extraña a la pasión política. La JCE ha considerado necesario debatir el marco regulatorio de la campaña y la precampaña.
Una respuesta que la enaltece en implícita conformidad con la solicitud formulada por los partidos de la rebeldía que le solicitan ser recibidos en audiencia para debatir la resolución que impugnan e irrespetan distanciándose en un principio de apelar a mecanismos democráticos de conciliación y rectificación. Sus argumentos van a ser escuchados.