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BOGOTA (AFP).- El proceso de paz entre el gobierno de Colombia y los paramilitares desató un enfrentamiento entre la ONU y la OEA, cuyo secretario general, César Gaviria, acusó a las Naciones Unidas de no respaldar el diálogo y defendió la verificación del desarme que hará la organización que preside.
El choque quedó se puso en evidencia luego de que Gaviria y el gobierno de Alvaro Uribe responsabilizaran al enviado especial de la ONU para Colombia, James Lemoyne, de haber afirmado que varios países estaban molestos porque la OEA vigilará el plan de paz con los grupos de extrema derecha.
«El (Lemyne) está en todo su derecho, representa una organización que evidentemente no comparte este proceso y que tiene razones y temores valederos; lo que pasa es que yo sí tengo una decisión muy clara de cooperar con el presidente», aseveró el representante de la OEA, quien gobernó Colombia de 1990 a 1994.
Gaviria dijo no haber recibido mensajes de malestar de ningún país por haber firmado el pasado viernes con Uribe, en Bogotá, el convenio que formalizó la verificación que hará la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso paramilitar, por tres años prorrogables.
«Habrá que ver si los países que dice el señor Lemoyne que están tan descontentos lo están», apuntó Gaviria, quien agregó que está dispuesto a dar las explicaciones del caso tanto a las legaciones diplomáticas en Colombia como en Washington a los embajadores de los Estados miembro de la OEA.
Bajo el título «Gran polémica por convenio Gaviria-Uribe», el diario El Tiempo informó que un diplomático, que pidió «estricta reserva» de su nombre, aseguró que varias naciones, entre ellas Canadá, Brasil, México y Argentina, así como también de la Unión Europea (UE) y el Vaticano recibieron «indignadas» el acuerdo.
El alto comisionado de paz del Gobierno, Luis Carlos Restrepo, confirmó que Lemoyne expresó sus reparos al proceso y comentó que algunos países estaban «molestos» por la firma del convenio, durante una reunión el pasado viernes con Uribe, a la que también asistió Gaviria.
«Esas argumentaciones son las que aparecen hoy en el diario El Tiempo. Entonces, como la fuente es anónima, tiende uno a suponer que realmente es el señor Lemoyne el que está expresando su malestar por este convenio», anotó Restrepo.
El incidente ocurre luego de que el pasado jueves Lemoyne señalara que el proceso con los paramilitares puede abrir el camino a un acercamiento con las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero si se maneja «con seriedad».
Esa fue la primera vez que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por medio de Lemoyne busca un acercamiento entre el Gobierno y las FARC, expresaba un cierto respaldo al proceso de paz con los paramilitares, pues desde un inicio descartó su participación en el diálogo.
El acuerdo entre Uribe y Gaviria constituye la primera respuesta concreta al pedido del Gobierno y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que la comunidad internacional acompañe el proceso, sobre el que existen temores de que favorezca la impunidad.
Las preocupaciones tienen como telón de fondo el denominado proyecto de ley de alternatividad penal, que impulsa el Gobierno y estudia el Congreso para dar beneficios jurídicos a los miembros de grupos ilegales que se desmovilicen, aunque estén acusados de delitos atroces.
«Yo también tengo temores, pero creo que la desmovilización de los paramilitares no puede paralizarse por eso, no puede esperar años. A la paz de Colombia se llega a pedazos», comentó Gaviria.
La OEA designó como jefe de la misión en Colombia a Sergio Caramagna, quien verificó los acuerdos con la Contra -antisandinistas- en Nicaragua.
Caramagna asistió como testigo al desarme de 871 paramilitares en la noroccidental ciudad de Medellín, en el primer resultado concreto de un acuerdo firmado el pasado 15 de julio entre el Gobierno y las AUC, para sacar de la guerra a unos 20.000 hombres antes del 31 de diciembre de 2005.
