Pasaron las traumáticas elecciones de mayo que, después de 44 años, siguen siendo poco transparentes, cargadas de muchas irregularidades y generadoras de un hoyo fiscal que ya pasa los límites de lo racional y tolerable. Estas elecciones dilapidaron 15 mil millones de pesos en apenas dos meses, en asignación a los partidos, aportes empresariales, fondos públicos para promover candidatos oficialistas, subsidios clientelistas, energía extra y asignación a la JCE, todo para elegir alcaldes, regidores y congresistas, que nada nuevo le aportarán al país.

Al cierre de abril, el déficit alcanzaba los 25 mil millones de pesos, pero crecimos al 7.5%, según el Banco Central y eso hace feliz al FMI. Si proyectamos ese déficit a diciembre, usando como referencia 2008 y 2009, estaríamos cerrando con un hoyo fiscal de 85 mil millones gracias a las elecciones. Por eso el FMI dice, “veremos qué pasa a partir de junio”.

Al ingresar los 27 mil millones de pesos de los bonos soberanos, la brecha hasta abril se cubriría. ¿Pero qué pasó con los extravagantes gastos de mayo y en qué se usó el dinero de los Bonos?  ¿Y qué pasará el resto del año al ritmo que van los gastos sin más entrada de bonos?

Se habla mucho del crecimiento de los ingresos del 2010 (nunca del gasto), con respecto al 2009, un año de crisis, pero no se compara con el 2008 que registra ingresos superiores en 11% a los de este año, con un presupuesto 22% menor. 

Ya no hay espacio para más endeudamiento con una presión fiscal de 16% y representando el 42% del PIB. Mucho menos para ese endeudamiento nocivo que proviene de préstamos bilaterales, atados y con altos costos ocultos que lo hacen muy onerosos.

Estamos en el momento preciso para  impulsar un cambio de políticas que encauce al país por un sendero de mejores expectativas. El Gobierno debe llamar al diálogo al sector privado y a la sociedad civil para buscar alternativas que eviten nuevos impuestos y estimulen realmente las exportaciones y el crecimiento de los sectores productivos que generen mayor empleo y bienestar social. 

Es dialogar con un grupo pequeño pero fuertemente representativo de la sociedad (no un circo mediático con fines politiqueros), para definir una política de gastos que sea coherente con la situación socio-económica que vive el país y no con la del PLD y su deseo de mantenerse en el poder.

También hay que legislar sobre los subsidios, especialmente el que se otorga a través de la desacreditada Tarjeta de Solidaridad, que se ha convertido en un barril sin fondos para  captar adeptos políticos. Esa estructura clientelista ya le está causando graves daños a la economía.

La empleomanía pública, incluyendo las odiosas nominillas, ya se tragan el 32% del presupuesto y eso es inmanejable, si le sumamos el costo de la deuda, que representa otro 30%. Mientras eso ocurre la inversión pública se derrumba al caer  por debajo del 20% (años 2008 y 2009).

Hay que buscar alternativas al financiamiento de las PYMES. Hay que mejorar la competitividad para aumentar las exportaciones y el turismo. Hay que ponerle freno al consumismo, que absorbe el financiamiento bancario y dispara las importaciones, con su consecuente efecto negativo en la balanza de pagos. Hay que flexibilizar el régimen cambiario para que sea un instrumento que potencialice nuestro mercado externo.

La agenda es amplia, pero un consenso con acuerdos firmes en algunos de esos puntos, sería  muy saludable para el país. De lo contrario, vendría irremediablemente otra reforma fiscal más fuerte que las anteriores, arrasando con todo para seguir empeorando.