Los economistas que trabajan para el gobierno, y también algunos independientes, plantean, con estadísticas muy convincentes, que la presión tributaria, es decir lo que se recauda en impuestos expresado como por ciento del PIB, es de las más bajas del continente y que para poder crecer por esfuerzo propio, sin endeudamiento a niveles peligrosos, tendríamos que poner en vigencia una reforma tributaria que logre aumentar las recaudaciones. Adicionalmente deberían de ser los ricos los que más contribuyan en ese cambio tributario.
Los economistas que están en la oposición y muchos independientes aceptan esa tesis pero siempre que simultáneamente se reestructure el gasto del gobierno. Plantean que nuestro presupuesto es diseñado y ejecutado para que el partido del gobierno, en el actual caso el PLD, gane las elecciones y para ese propósito la cantidad de personas que están en la nómina del gobierno (nótese que no digo que “trabajan” para el gobierno) excede los puestos realmente necesarios, estando la diferencia representada por “botellas”.
Tanto es así que por vergüenza hace años que el gobierno ha dejado de publicar las estadísticas sobre la cantidad de personas en la nómina pública. Muchos con cargos diplomáticos, por ejemplo, no son diplomáticos y hasta residen en el país y no en el extranjero. Si el presupuesto solo cubriese a los empleados realmente necesarios, el déficit presupuesto, llevamos doce años corridos con él, sería menor, y, consecuentemente, menor también el déficit interno y externo.
Las tarjetas Solidaridad tuvieron un origen muy correcto, los programas de ayuda condicionada que tanto éxito tuvieron en Brasil. Si la madre lleva al niño a la escuela recibe una tarjeta que le reduce el costo de ciertos elementos de la dieta básica. Si el niño deja de ir a la escuela, la madre pierde la tarjeta. Pero en nuestro país ese mecanismo se ha politizado. Para comenzar, lo maneja la vicepresidente de la República, quien es esposa de un ex presidente que aspira a ser presidente de nuevo. Las tarjetas se entregan a los simpatizantes del PLD y a estos se las quitan si, por ejemplo, los ven asistiendo a una marcha verde. La condicionalidad es la afinidad política, no la educación de los hijos. Para que un colmado pueda manejar la tarjeta su dueño tiene que contribuir al partido.
En su primer discurso de toma de posesión el presidente Danilo Medina prometió reducir la proporción de las ventas de electricidad que la gente no paga y que estaba en un altísimo 30%.
En Centroamérica es solo un 15%. Pero como son políticos los que manejan las tres distribuidoras, las Edes, estos, además de mantener una nómina excesiva, no ordenan certificar sus estados financieros (igual es el caso de la CDEEE y por eso no es sujeto de crédito) y prefieren dar 24 horas de luz en zonas donde pocos pagan y ese consecuente enorme déficit del sector eléctrico lo pagamos los contribuyentes, cuando nuestros impuestos deberían gastarse en educación, salud y la lucha contra el crimen. Cuando las distribuidoras eran privadas, primero se convencía a los barrios de pagar la luz en base a prometerles darles posteriormente las 24 horas. Hoy día los que no pagan siguen siendo un 30%.
La sociedad civil, el PRM y el sector privado se opusieron a una reforma tributaria si simultáneamente no se despolitizaba el gasto y exigieron la reforma del sector energético. El presidente Medina, al rehusar las tres cosas, no le ha quedado otra alternativa que recaudar algo más, en base a nombrar mejores recaudadores, Magín Díaz en Impuestos Internos y Enrique Ramírez Paniagua, ex administrador del Banco de Reservas, en las aduanas.
En base a sacar empleados corruptos ambos han logrado aumentar las recaudaciones en alrededor de un 9%, sin necesidad de nuevas leyes. Por ahí viene una amnistía fiscal, pero de nuevo cuño, para recaudar aún más.