Hoy 
Tegucigalpa. AFP. El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pidió este lunes al Consejo Permanente de la OEA pronunciarse sobre el estado de «obstrucción» y «estancamiento» del diálogo con el gobierno de facto, según sus negociadores.
«El diálogo, aunque no lo declaramos roto, ha entrado en una fase de evidente obstrucción», dijo el delegado Víctor Meza, y señaló que el Consejo Permanente de la OEA, que se reunirá el miércoles en Washington, Estados Unidos, «deberá conocer y pronunciarse» sobre la situación.
Meza afirmó anoche que la comisión negociadora de Zelaya no volverá a reunirse con la contraparte mientras no haya una propuesta «seria» en la mesa, tras calificar de «insultantes», «dilatorias» e «inadmisibles» las ofertas del gobernante de facto Roberto Micheletti para solucionar la crisis política.
La propuesta de Micheletti
La comisión del Gobierno de facto de Roberto Micheletti propuso ayer que sean su representación y la del presidente depuesto, Manuel Zelaya, en la mesa de diálogo las que decidan la solución a la crisis en Honduras, pero con base en informes del Congreso y de la Corte Suprema.
La propuesta consiste en que ambos órganos presenten a las comisiones de diálogo de Zelaya y Micheletti un informe sobre los antecedentes del Golpe de Estado, el 28 de junio pasado, que serviría de fundamento a la decisión, según dijo a periodistas Armando Aguilar, miembro de la comisión del presidente de facto.
Aguilar hizo sus declaraciones tras un receso en el diálogo, que se reanudó hoy en horas de la tarde tras acabar sin acuerdo la semana pasada, con un único tema sin resolver- la restitución de Zelaya. El representante de Micheletti en la mesa indicó que las propuestas de que fueran el Parlamento o la Corte Suprema de Justicia los órganos que definieran el caso, propuestos por Zelaya y Micheletti, respectivamente, han quedado al margen en las negociaciones.
Dice Zelaya promueve una insurrección
TEGUCIGALPA. AFP. El gobierno de facto de Honduras acusó ayer al presidente derrocado Manuel Zelaya de promover la «insurrección», en momentos en que pende de un hilo el diálogo entre ambas partes para resolver la crisis política. «En los últimos días, tanto el ex presidente Zelaya como algunos de sus seguidores, han promovido su agenda de insurrección en el país, así como la petición de mayores sanciones de parte de la comunidad internacional», subrayó en un comunicado el régimen de Roberto Micheletti.
El gobierno de facto se lanzó también contra los presidentes de los países del ALBA (Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros) que, reunidos hace unos días en la ciudad boliviana de Cochabamba, aprobaron sanciones comerciales contra el régimen de Tegucigalpa.
