Representantes del sector salud, de la industria farmacéutico y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) iniciaron ayer una serie de diálogos con el objetivo de crear una ley especial que mejore la adquisición de medicamentos y garantice el acceso de la población a fármacos de calidad y en forma segura.

El tema fue tratado en una reunión que encabezó el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, junto al director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), Adolfo Pérez León; representantes de la industria farmacéutica y de asociaciones de pacientes.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo que la voluntad del gobierno es consolidar un sistema transparente, eficiente y equitativo para que cada peso de los contribuyentes se invierta de la mejor manera posible.

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Sostuvo que en DGCP se han encaminado iniciativas, entre ellas, la creación de una mesa técnica que trabaja en la elaboración de políticas públicas “orientadas a ese fin, así como un acuerdo interinstitucional que se firmará en los próximos días con la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios para combinar informaciones de registros de proveedores del Estado con el sanitario, para identificar las empresas habilitadas para vender al Estado.

Insistió en la necesidad de que las instituciones que contratan o adquieren productos médicos soliciten a los proveedores en sus pliegos de condiciones o fichas técnicas el registro sanitario para evaluar que los productos adquiridos cumplan con los estándares de seguridad y eficacia.

Agregó que buscan que nunca más se comercialice un medicamento en el país sin los registros sanitarios requeridos o se ponga en riesgo la salud de pacientes o se perjudique los fondos del Estado.

El ministro Daniel Rivera ponderó la iniciativa y señaló que el equilibrio y la transparencia de las adquisiciones de medicamentos dependen del Ministerio de Salud, de la industria farmacéutica y de DGCP.

El director de Promese/CAL indicó que se necesita un marco jurídico que responda a los criterios de eficiencia, transparencia y garantía de derechos.