MIGUEL AQUINO GARCÍA
Es realmente reconfortante y altamente positiva la disposición del Colegio Médico de allanar el camino para entendimientos, flexibilizando su posición con respecto a sus demandas por un aumento compulsivo del 100% de los salarios de los médicos que sirven el Estado, a pesar de la mejoría del salario de todos los servidores públicos en un 30% para el año 2005, anunciada ya por el gobierno previo a la demanda de los médicos.

Y decimos que la disposición del Colegio Médico de continuar acogiéndose a un diálogo con las autoridades posponiendo por todo un año su demanda salarial extraordinaria, a la vez que se mantiene abierta a la constante discusión de la agenda de salud pública con el gobierno, es una actitud sensata que refleja madurez política y sentido común, y que eventualmente contribuirá al mejoramiento de los servicios de salud, pública en todos sus aspectos.

Porque se debe comprender de una vez por todas que casi 4 millones de dominicanos dependen exclusivamente de la oferta estatal para la satisfacción de necesidades médicas básicas impostergables, de manera tal que una brusca paralización de los servicios de salud a esta mayoría de personas desposeídas, en gran parte sin recursos para enfrentar gastos de servicios médicos privados resulta en una verdadera calamidad pública, con toda una estela de sufrimientos y muertes que a pesar de sernos familiar a los médicos que la hemos vivido, no deja de ser igualmente trágica. La mayor repercusión del daño es en el área materno-infantil por la obvia impostergabilidad de las atenciones requeridas en esta área de servicio, pero igualmente importante resultan las suspensiones de cirugías a la población general así como la constante generación de situaciones de emergencia tanto médicas «críticas» o de emergencia por falta de atención, y las emergencias a su vez por falta de seguimiento pueden tomarse en casos perdidos. Mientras los médicos en huelga en su mayoría pueden mantener alternativas de ingreso en el área de la medicina privada, cuyo volumen de trabajo de hecho aumenta durante las paralizaciones de servicios públicos estatales, y además una vez resueltas las huelgas los médicos son usualmente compensados por el tiempo no trabajando -un tradicional requisito para concluir las huelgas-, el infeliz paciente estatal no tiene manera de revertir el daño sufrido por la ausencia de servicios, está obligado a seguir financiando a los trabajadores de la salud con huelga o sin ella, y a diferencia de los médicos los enfermos no pueden «ponerse en huelga».

Para ser justos con la clase médica es necesario por supuestos escudriñar el otro lado de la moneda, pues es igualmente cierto que la tradicional escasez de equipos de trabajo, limitaciones o a veces ausencia total en los servicios de laboratorio, radiología y otros medios diagnósticos, falta de medicamentos y otras precariedades que tradicionalmente han caracterizado los hospitales públicos, pueden hacer muy difícil sino prácticamente imposible a los médicos ofrecer adecuado servicio. Estas precariedades a las que los médicos por décadas han tenido que acomodarse, son fuente de enorme frustración pues sin necesidad de ninguna huelga todos los médicos hemos experimentado en algún momento la impotencia de no poder ofrecer adecuados servicios en hospitales públicos por falta de medicamentos, equipos y otros necesarios recursos. De hecho esta evidente realidad del descuido de la salud pública sobretodo en tiempos remotos -leáse Balaguer-, y en tiempos recientes-leáse Hipólito Mejía-, pueden haber justificado en su tiempo el extremo recurso de la huelga por la clase médica, dando que el descuido de la salud pública en ciertas circunstancias hacían prácticamente imposible ofrecer servicios, sin huelgas o con ellas. Nos consta que en esos casos la clase médica participó en esos paros marcada por la desesperación e impotencia, y con la esperanza de que ello resultara en una mejoría del servicio público de salud en todos sus aspectos. También nos consta que la mayoría de los médicos no favorece el uso de huelgas reiterativas como instrumento rutinario de lucha. Estas reflexiones nos traen inevitablemente a la presente coyuntura. La razón por la cal la sociedad dominicana ha visto como injustas y extemporáneas la reciente amenaza de paralización de servicios públicos por el Colegio Médico, es precisamente porque en su corto período de gobierno el presidente Fernández ha dado claras muestras de sensibilidad social, estructurando un presupuesto para el año 2005 en el que Salud Pública ve duplicado el monto de sus recursos, disponiendo además un respetable aumento de 30% en los salarios de todos los servidores públicos, incluidos por supuesto los médicos. Pero más aún, y en apenas cien días de gobierno, el ejecutivo había iniciado ya el reabastecimiento de medicamentos de los hospitales, ordenó el financiamiento del programa de medicamentos para los afectados por el Sida, dispuso la reoperabilidad y adecuado mantenimiento de las unidades de diálisis de las que depende la supervivencia de cientos de pacientes, rescató literalmente la medicina forense renovando sus instalaciones y proporcionando recursos para su importante funcionamiento, incluido su programa de residencia médica, y todo ello sin que nadie le hiciera huelga. De hecho muchas de estas ejecutorias del gobierno en materia de salud no habían estado siquiera incluidas las demandas del Colegio Médico. Es por ello que la posición adoptada más recientemente por la directiva del Colegio Médico, flexibilizando sus exigencias y acogiénse a las expectativas de un diálogo productivo y continuo con las autoridades, en lugar de acudir al expediente de amenaza de huelga, es una conducta inteligente y sensata que se corresponde con las expectaciones de la ciudadanía. Para pelear se necesitan dos, reza el refrán, y al Colegio Médico de momento le falta un contrincante, ya que en el presente gobierno lo que tiene es un interlocutor que ha demostrado sensibilidad social, y el deseo de explorar las infinitas posibilidades del diálogo. De hecho la presente situación tiene precedentes, puesto que en la anterior administración del presidente Fernández este no solo mantuvo un razonable abastecimiento de los hospitales, sino que tuvo la iniciativa de mejorar los salarios médicos al auscultar la necesidad de esos ajustes, y el presidente de la entonces Asociación Médica Dominicana doctor César Mella, cuya madurez, equidad y sentido hipocrático del deber nos consta a quienes de fondo le conocemos, en respuesta a la sensibilidad mostrada por el gobierno se aseguró de que durante su liderazgo, la serpiente de las huelgas médicas no sacara la cabeza. Ese es el camino a seguir, por el bien de los desposeídos.