Ya lo he tomado de referencia antes, pero, lamentablemente, el ensayo La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord, es una obra vigente para analizar la sociedad dominicana.
El episodio más reciente es el reportaje de la periodista Alicia Ortega sobre el ingeniero Diandino Peña, en esa fecha todavía director de la OPRET.
Queriendo reducirlo a un simple espectáculo, algunos intentaron obviar el fondo y quedarse en la forma, cuestionando la entrevista y la fuente de la información: Que si no le dijo el tema. Que si la información se la dio el Gobierno, interesado en restarle atención al escándalo Odebrecht, la Marcha Verde y lesionar a Leonel Fernández. Que si fueron empresarios despechados, víctimas de competencia desleal… en fin, versiones no faltaron.
Alicia respondió explicando que es un trabajo de investigación periodística de nueve meses, en el marco de las revelaciones de los Panama Papers (Papeles de Panamá) y ha retado al hoy exfuncionario a que demuestre que detrás de la investigación están poderes oscuros.
Sin embargo, dado que Alicia no maneja recursos públicos, los cuestionamientos se le deben hacer a Diandino, quien es el funcionario.
Por eso, insisto, abandonemos la lógica del show y vayámonos al fondo. Como sociedad debe preocuparnos la veracidad o no de la información.
Y es que, de ser cierta, hay que cuestionar instituciones claves para la buena administración de los recursos públicos como son la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Impuestos Internos, a donde van impuestos que pagamos, con el objetivo de que sean guardianes de leyes como la 311-14.
¿Qué hacia la Cámara de Cuentas que no había detectado estas irregularidades? ¿Qué hacía la DGII? ¿Qué hacia la Procuraduría? y ¿Qué hacía el presidente de la República, a quien se le conoce como el hombre más informado del país? y, ¡lo más importante!, ¿Qué van a hacer ahora? Estamos pagando instituciones y funcionarios que no cumplen su trabajo.
Cuatro días después de la difusión del reportaje, el presidente Danilo Medina destituyó a Diandino, decisión correcta del gobierno, pero el enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos que retrata la investigación de Alicia amerita más de ahí: que el caso sea investigado y se lleve hasta las últimas consecuencias.
Pero, sin ánimos de violentarles los derechos a Diandino, y respetando el principio de presunción de inocencia, es bueno saber que no basta destituir los funcionarios que violen las leyes. Hay que sancionarlos.