Parecería una coincidencia, pero no lo es. Dos días internacionales uno detrás de otro, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas, creados para dar la oportunidad de sensibilizar a las personas y llamar la atención a los Estados, sobre temas fundamentales como son la corrupción y los derechos humanos, los cuales están estrechamente vinculados entre sí.

Los días 9 y 10 de diciembre fueron proclamados por la Asamblea General de la ONU, el primero Día Internacional contra la Corrupción creado con el propósito de generar conciencia del uso indebido de los fondos públicos y aunar esfuerzos para prevenirla y castigarla. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre de 1948, tiene como propósito “promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y libertades y asegurar, con medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva”. Se han valorado como campos de acción independientes, pero existe un nexo entre la corrupción y los derechos humanos en donde se destaca que los actos de corrupción violan los derechos humanos y restringen la capacidad de los Estados para su garantía y satisfacción.

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El tema de los derechos humanos se potencializó después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que la lucha contra la corrupción se materializó al final de la Guerra Fría. Se admitió la necesidad de abordar y limitar la corrupción, que era vista como un obstáculo global para el desarrollo económico, para el goce y disfrute de los derechos de las personas, como por ejemplo, los delitos de corrupción como el soborno, concusión o cohecho, la prevaricación y la malversación pueden limitar el acceso a la atención de la salud, a la educación, a la seguridad y a la participación política.

Múltiples eventos nacionales e internacionales se celebran para resaltar el vínculo entre la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Esta idea de correlación también es compartida por la ex jefa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en África, Olajobi Makinwa quien afirmó que “cuando hay corrupción, los derechos humanos desaparecen”.

La corrupción reduce la capacidad de los Estados para cumplir con su “función esencial de protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva”, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad y marginación.

La corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Para este año, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC-2023) alcanzó una puntuación de 32 sobre 100 puntos, colocando al país en una posición de mejora, pero no para sentirnos satisfechos porque debemos superar dichos indicadores e impactar en los derechos humanos.

Cuando la corrupción es aceptada y no hay un régimen de consecuencias, las per sonas no gozan ni disfrutan de sus derechos, no tienen acceso a la justicia, se sienten inseguras y no pueden garantizarse sus medios de subsistencia. El problema no es solamente un incumplimiento de normas por parte de los representantes del Estado, o una solución legislativa, implica desafíos de diseño institucional, de modificación de procedimientos, y de cambios culturales que involucran no solo al Estado sino a la sociedad en su conjunto.

El sector privado juega un papel importante al crear empleos, desarrollar habilidades, fomentar la innovación, proporcionar infraestructura y ofrecer bienes y servicios asequibles. Las empresas, son actores clave en los delitos de corrupción que implican comportamientos corruptos entre los sectores privado y público, por lo que es fundamental el compromiso de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

A 20 años del aniversario de la Convención contra la Corrupción, en donde se proclamó el Día Internacional contra la Corrupción y a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fundamental el fortalecimiento de la educación, la cual nos llevará a mejorar nuestro capital social que cargamos como una mochila sobre nuestras espaldas.

Estos dos simbólicos días manifiestan que tanto la corrupción como los derechos humanos siguen siendo un reto en la conciencia moral de la sociedad. Es un llamado a la integridad gubernamental para que más allá de los discursos, continuemos concretizando acciones para prevenir, combatir y sancionar la corrupción en todos los niveles. Una vida libre de corrupción implica un goce y disfrute pleno de los derechos y un desarrollo humano sostenible.