Como parte de las pruebas presentadas por Víctor Díaz Rúa para demostrarle al juez especial Francisco Ortega que la acusación del Ministerio Público en su contra es “sesgada”, puso sobre la mesa documentos que evidenciarían que el actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ha ejecutado y pagado obras sin ningún respaldo contractual, y firmado adendas que han incrementado el costo de otras.
En el caso de la Autopista del Coral, la defensa del imputado afirmó que la suscripción de adendas al contrato de la obra también las hizo Castillo.
Mostró documentos suministrados que certifican que en la gestión de Castillo en la Autopista del Coral se han ejecutado y pagado obras sin ningún respaldo contractual por US105,567,936”.
El abogado Ramón Núñez indicó que el 31 de agosto del 2015 Castillo firmó una adenda por valor de US$104,720,903.07 con el Consorcio Norberto Odebrecht, S.A. y Sinercon, S.A, para la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar y la construcción de una terminal portuaria en Sabana de la Mar, obra ésta que dijo, “había sido licitada y ejecutada en más del 50% por Díaz Rúa”.
Núñez también presentó el estado económico de fiscalización y relación de desembolsos de dicha obra, de fecha 27 de julio de 2007.
Otros incrementos. Informó que esta obra también fue licitada durante la gestión de Díaz Rúa, pero que el actual ministro de Obras Públicas firmó el 26 de octubre del 2016 el Addéndum 1, por un valor de US$72,647,946.82 con el Consorcio Cibao- Sur, integrado por Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Constructora Rizek & Asociados, S.R.L.
Sobre el costo de la ampliación de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana, que la propia Procuraduría General dice fue elevado a US$104,335,460.00, la defensa de Díaz Rúa afirmó que esta obra fue contratada directamente por la gestión de Castillo con Odebrecht al amparo de las disposiciones excepcionales de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, por la suma de US82,190,785.61, para un incremento de US$22,164,675.00.
Aclaraciones de Vasconcelos. La defensa de Díaz Rúa resaltó que de los seis delatores que incluye el MP en la acusación, tres no mencionan al imputado, y de los que si lo hacen, uno aclara.
Los tres que no dicen nada son Ernesto Sa Viera Baiardi, Marcelo Hofke y Luiz Antonio Mameri; los que sí lo hacen son Marcelo Vasconcelos Cruz, Luiz Eduardo Da Rocha Soares y Hilberto Mascarenhas Alves da Silva.

En su relato, Vasconcelos Cruz dice que los contratos firmados por Odebrecht con Rondón como portador de servicios de locación de equipos, subcontratista de obras civiles y socio, a través de la empresa CONAMSA, “eran reales y todos los pagos contabilizados debidamente”.
Sin embargo, agrega que cuando Rondón actuó como consultor de los contratos firmados con el Gobierno, el valor del fee (abono fijo) a éste “consideraba los costos que serían por él incurrido, incluso, posibles valores indefinidos a funcionarios públicos que actuasen a favor de la Compañía (Odebrecht)”.
No obstante, el delator 54 agrega que: “Cabe aclarar en este particular, que a pesar de que yo haya jamás realizado cualquier pago indebido a los funcionarios públicos y tampoco lo haya presenciado, yo asumí el riesgo de que tales pagos fueron hechos para beneficiar indebidamente la COMPAÑÍA. Yo no dispongo de evidencia que ilustre los pagos indebidos, pero puedo decir que 3 elementos me han hecho pensar que estos acuerdos el pago del fee a Ángel para que alcance un resultado”: la obra, financiamiento y liberación de pagos; informaciones sobre la evolución de los pleitos de la COMPAÑÍA en diversos órganos público, y el efectivo éxito para el cual Rondón había sido contratado”.