La retención de pacientes y de cadáveres es ilegal, pues se trata de un doble derecho humano, a la salud y a la libertad individual, planteó Arismendi Díaz Santana, presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos.

Sugiere que Salud Pública ratifique la ilegalidad de la retención de pacientes y cadáveres y que elabore un contrato único, con cláusulas que definan los derechos de los pacientes, de las clínicas y hospitales y que presente opciones de pago equilibradas para ambas partes.

A su juicio, las autoridades deberían elaborar un contrato único que establezca los derechos de los pacientes, de las clínicas y hospitales, así como las modalidades de pago para saldar cualquier deuda imprevista, dijo el experto y primer gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

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La retención pacientes

La retención de pacientes y de cadáveres en las clínicas y hospitales desnuda la orfandad en el respeto de los derechos humanos, asegura Díaz Santana. A pesar de ser una práctica ilegal, todavía las autoridades no han aplicado la Ley, por lo que se pregunta ¿Para qué sirven los derechos humanos si las autoridades no los garantizan? Asegura que es una realidad el incremento de las críticas a los centros privados y públicos de salud, de condicionar la salida de pacientes o la entrega de cadáveres al pago de una deuda por servicios médicos, en violación de la libertad individual consagrada en Constitución de la República.

Los abogados consultados coinciden en que la retención de pacientes y cadáveres por parte de centros de salud es una práctica ilegal. El Gobierno debería tomar acciones inmediatas y atacar a esas instituciones o personas que usan el dolor ajeno como moneda de cambio, expresa.

Lo que resulta completamente ilegal e inadmisible es la aprehensión por deuda a los familiares, mediante procedimientos compulsivos que transgreden los derechos humanos, aprovechándose de la situación crítica y angustiosa del paciente y de sus familiares, analiza Díaz Santana al referirse al tema.

Trato inhumano

Algunas familias se han quejado de que, en sus casos, la retención de sus pacientes y el trato irrespetuoso y desconsiderado de administradores de los centros de salud y de sus abogados, han resultado más traumáticos y dolorosos que la enfermedad de su pariente, causando estrés en el seno familiar.

Estas lamentables situaciones, que se repiten sin que se visualice una solución equilibrada, constituyen una clara expresión del predominio de la ley del más fuerte, del respeto a los derechos humanos, deplora el especialista.

Intereses

En ocasiones la situación se tornó más compleja por diferencias entre la ARS y la PSS, complicando y dilatando la liberación del paciente o la entrega del cadáver. En esos casos los afiliados han tenido que recurrir a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para presentar sus quejas y reclamar sus derechos. Se requiere, insiste, una solución legal equilibrada que respete el derecho de los pacientes

Estos proveedores de servicios de salud tienen derecho a cobrar por los servicios médicos prestados, pero lo que se critica es que, a veces utilizan procedimientos compulsivos, prepotentes y desconsiderados. Es necesario una solución amigable de acuerdo a las leyes, garantizando la integridad de los pacientes, insiste el profesional.

Firmar pagarés

En el mejor de los casos los parientes tienen que firmar un pagarés o compromiso de pago, plagado de cláusulas unilaterales y de intereses leoninos, para luego ser víctimas del cobro compulsivo de abogados especializados en acosos que irrespetan la integridad de las personas, lamentó el experto en sistemas de salud y seguridad social.