La titular de la Defensoría Pública, Laura Hernández calificó ayer de “abusiva e irresponsable” la denuncia del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, quien acusó a ella y a otras funcionarias de la institución, de supuestamente incurrir en prevaricación, falsedad de escritura pública, entre otras imputaciones.
En rueda de prensa, la funcionaria negó que exista irregularidad en su nombramiento ni tampoco manejo irregular de los fondos públicos.
Dijo que la denuncia de Surún “se trata de una acción inicua y mal intencionada, que solo busca socavar el muy bien ganado prestigio de la institución que ella dirige”.
Sobre la supuesta ilegalidad de su nombramiento, Hernández manifestó que la afirmación de Surún en ese sentido es completamente errónea.
Le recordó que la Ley 277-04 en su artículo 20 permite que el director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública sea designado por seis años, pudiendo ser reelecto por un período adicional de seis años más, y ella fue electa en el 2005.
“Es obvio que se trata de una trama fabricada únicamente para encubrir el verdadero propósito del denunciante, que sólo obedece a sus personales ambiciones”, dijo Hernández.