POR ODALIS MEJIA
El sociólogo Wilfredo Lozano acusó al secretario de Interior y Policía, Franklin  Almeyda Rancier, de intentar hacer otra ley con la propuesta de  reglamento para  la Ley de Migración, porque contiene disposiciones contrarias a la pieza original.   Consideró además  como un error que la propuesta de reglamento se haya  presentando de forma conjunta con el plan de regularización de inmigrantes, lo que ha agudizado las contradicciones y  dificultado las negociaciones.

Al exponer durante el seminario “Hacia una nueva agenda de relaciones Domínico-Haitianas”, Lozano que es director del Centro de Investigación y Estudios Sociales (CIES) de la Universidad Iberoamericana, señaló que aunque la Ley de Migración contiene contradicciones,  es la que tiene que imperar.

“Hay que separar la necesidad de articular un reglamento que no invente otra ley, sino que sencillamente la haga operativa; el reglamento propuesto por el ministro (Almeyda) inventa otra ley y genera disposiciones que no están contempladas en la ley y el reglamento no es eso”, expresó Lozano.

Planteó la necesidad de  separar la propuesta de reglamento y el plan de regularización de inmigrantes, pues, a su juicio, lo adecuado es que el país se aboque a hacer un reglamento sin interferencias porque sería más beneficioso para el propio Estado y la sociedad.

Recordó que el plan de regularización es un mandato transitorio que figura en la ley, mientras que el reglamento, que lleva tres años estancado,  es el instrumento operativo  y mientras más se retrase,  más difícil se hace aplicar la ley.

Puso como referencia que el respeto al  derecho de los inmigrantes cuando hay un conflicto, como las deportaciones,  está más o menos escatimado en la ley y el reglamento está contemplado como un mecanismo que debe materializar ese derecho, lo cual en modo alguno se ha hecho.

El director del CIES señaló además que se debe desconcentrar el poder de decisión en materia de política migratoria y hacerlo más compartido en términos institucionales, tras deplorar que la Dirección de Migración sigue un “patrón trujillista” porque regula, sanciona, ordena, convirtiéndose en juez y parte, lo cual no garantiza una política migratoria en base de derechos.

Lozano consideró que la Ley de Migración aunque  tiene serias contradicciones, debe ser puesta en ejecución. Entre sus incoherencias citó que las funciones que debería tener el Instituto de las Migraciones, son atribuidas también a la  Secretaría de Trabajo.

También criticó que la referida ley confunde los propósitos institucionales desde el punto de estado de derecho y por otro lado se convierte en un instrumento meramente de control de un tipo de inmigración, en este caso la haitiana y en base a una lógica policial.

“Es necesario, pese a las incongruencias de la ley, poner en ejercicio la ley y sus instituciones, hay que crear un espacio de diálogo de políticas binacional y de ordenamiento y control de la migración”, apuntó.

Dijo además que debe crearse un plan de regularización que permita solucionar la condición de apátridas de miles de dominicanos cuyos padres son haitianos.