POR TANIA HIDALGO
La integrante de la Comisión de Liquidación del Banco Intercontinental, (BANINTER), Zunilda Paniagua, declaró ayer que  desde septiembre de 2003 a febrero de 2004,  el Banco Central tuvo que disponer el pago a los depositantes y acreedores de la quebrada entidad bancaria por un monto ascendente a 74 mil millones de pesos.

Al responder preguntas del abogado Juárez Castillo Semán, en representación del imputado Ramón Báez Figueroa, la testigo dijo que durante el proceso de fusión entre BANINTER y el Banco del Progreso se estableció que los activos de la quebrada entidad bancaria ascendían a  80 mil millones, pero que en realidad esa cifra era falsa porque en el balance, el gasto, que ascendía a más de 30 mil millones de pesos, estaba registrado como activo.

En ese sentido, Castillo Semán le preguntó que si esa evaluación fue hecha por una firma de auditores independientes, a lo que la testigo respondió que fue realizada por técnicos del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

Sostuvo que la suma finalmente alcanzó los cuarenta y ocho mil millones de pesos, en cuyos valores estaban incluidos unos dieciséis mil setecientos millones de pesos que fueron sobregiros y adelantos por cartas de créditos de empresas vinculadas a los acusados, los cuales fueron eliminados mediante memorando confidenciales.  Dijo que parte de  esas deudas fueron transferidas a la cuenta denominada Finanza Empresarial.

Durante la audiencia fue incorporada una comunicación enviada por entonces gobernador del Banco Central, José Lois Malkun, dirigida a Mario Dávalos ,coordinador de la Comisión de Administración del Banco Intercontinental, del 15 de mayo de 2003, en la cual autoriza el canje de los cinco certificados de depósitos emitidos por Banínter & Trust por US$22,000,000.00 a favor de Manuel Guaroa Liranzo, entonces tesorero del BANINTER.

De acuerdo a la comunicación, la cual fue reconocida por la testigo, el canje “se deberá realizar por certificados especiales de inversión del Banco Central en pesos, a la tasa de cambio del Banco Central utilizada en esa fecha.

De igual manera, se indica que el certificado se emitirá a seis meses y devengará una tasa de interés del 14 por ciento.

Juárez Castillo cuestionó el hecho de que se ordenará la entrega de estos recursos a Liranzo cuando dos días antes Malkun había anunciado formalmente al país sobre la quiebra del BANINTER y sobre el presunto fraude cometido por los imputados.

Asimismo, en la audiencia fue incorporada una carta del entonces secretario de Finanzas, José Lois Malkun, dirigida al gobernador del Banco Central, Francisco Guerrero Prats, del 31 de enero de 2003, en la cual se hace referencia a un programa que presenta el presidente del quebrado BANINTER, Ramón Báez Figueroa, y el cual estaba siendo “ejecutado en la institución bancaria para saldar  la deuda que  mantiene con el Banco Central, ocasionado por el retiro de depósitos provocado por rumores que las autoridades del gobierno y del propio Banco Central han podido comprobar”.

 PEPE GOICO

Castillo Semàn preguntó a  la testigo también sobre el uso que dio el coronel retirado Pedro Julio (Pepe) Goico Guerrero a las tarjetas de créditos del BANINTER que tenía éste bajo su responsabilidad.

La testigo dijo que eran cuatro tarjetas y que todos los meses el BANINTER pagaba el balance consumido por las mismas, cuyo monto desde el 2000 hasta el momento de sus suspensión ascendió a 4 millones en pesos y 2.3 millones en dólares. Ante una presunta del jurista de si no se tiene previsto iniciar una persecución judicial contra el ex jefe de la avanzada presidencial del entonces presidente Hipólito Mejía, Paniagua dijo que no se ha hecho ninguna gestión de cobrar esos recursos al ex militar porque están a la espera del informe de una investigación iniciada a finales de marzo de 2004. Otro cuestionamiento giró en torno a que si tenía conocimiento de que con esa tarjeta se adquirió un helicóptero, a lo que ella respondió que no.

 ABOGADOS COMENTAN TESTIMONIO

Castillo Semán, al comentar las declaraciones de la testigo valoró como positiva su exposición, tras indicar que Paniagua precisó que los hallazgos encontrados en BANINTER fueron producto de una auditoria de técnicos del Banco Central y la Superintendencia de Bancos que por “demás  son parte acusadora en este proceso”.

  “La testigo ha revelado muchas informaciones que son de gran utilidad para la defensa porque  confirman algunas cosas que hemos estado sosteniendo por años, sobre todo, que los informes de la situación del BANINTER no fueron sujeto de auditoria por parte de una firma independiente. Hoy también se cayó el aspecto de la supuesta “borradura” de cuentas  que aparece en la querella porque ella recalcó que esto fue llevado a la cuenta finanza”, indicó el jurista.

“Quedó demostrado que no se hizo ningún esfuerzo  para darle apoyo real a la fusión del BANINTER con el Banco del Progreso como habían hecho anteriormente con la fusión del Banco del Comercio”, precisó.

Agregó que los problemas de desestabilidad del Banínter fueron creados por las propias autoridades de ese entonces.

“Ella (Paniagua) admitió que la ley establecía el pago de 500 mil pesos como máximo a los depositantes y que la Junta Monetaria ordenó el pago de todos los depositantes”, adujo.

  PARTE CIVIL

De su lado, Carlos Salcedo, de la parte civil constituida, precisó que los abogados de la defensa de Bàez Figueroa fueron por lana y_. tras indicar que con sus preguntas los letrados “no lograron llevar a la testigo a hacer declaraciones a su favor”.

“Lamentablemente la verdad se va a imponer sobre todas las cosas y si nosotros y el tribunal quisiéramos con esa sola testigo, mas los documentos que se han incorporado, todos los imputados fueran condenados a la mayor pena”, indicó.

Insistió en señalar que los acusados incurrieron en lavado de activos, abuso de confianza, falsedad en documentos y asociación de malhechores.

El proceso continuará hoy a las 9:00 de la mañana en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside el magistrado Antonio Sánchez Mejía.