El Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) advierte que la inseguridad ciudadana no se combatirá con el simple aumento salarial a los policías y militares, tras considerar que el problema es más profundo.
La entidad de incidencia en los barrios de Santo Domingo, estima que si el incremento a los sueldos de los policías y militares no es acompañado de políticas públicas que incentiven la creación de empleos y salarios dignos, no surtirá el efecto esperado.
Asegura que mientras exista una gran población juvenil que no estudien ni trabajen por falta de oportunidades, será casi imposible combatir la delincuencia y la criminalidad.
A esto agrega, que quienes trabajan devengan salarios de miserias que no alcanzan para cubrir una canasta familiar que supera los 20 mil pesos al mes.
Aclara que lo de aumento de salarios a policías y militares no es solo un discurso que está pendiente de concretar, por lo que parece más un anuncio de campaña.
“Un Estado que garantice políticas públicas, empleos dignos, viviendas dignas, mayor oportunidad para los jóvenes, entonces sería viable la lucha contra la inseguridad”, asegura.
En cuanto al tema de corrupción e impunidad, Nicanor Soriano, coordinador de Copadeba, consideró que el presidente Danilo Medina se quedó en el aire al tiempo que lamenta que haya que esperar a mayo para que la sociedad dominicana sepa sobre los culpables.
Estima que el presidente Medina tiene un compromiso moral con el país con el tema de Odebrecht, ya que además de los 92 millones de dólares en soborno, son aún más graves las sobrevaluaciones de las obras contratadas.
Estima que con el tiempo que lleva el escándalo de los sobornos de Odebrecht ya el país debió saber sobre los culpables, debido a que con esos recursos dilapidados se pudo solucionar el déficit habitacional.
Advierte que en su discurso sobre el tema corrupción el mandatario trató de limpiarse cuando expresó que en su gobierno no hay ni habrá “vacas sagradas” y que el Ministerio Público y la justicia deberán llegar “hasta las últimas consecuencias” porque sabe que depende del Poder Ejecutivo, por tanto está limitado para actuar contra los funcionarios involucrados en actos de corrupción.