POR LOYDA PEÑA
El director de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa de la Cámara de Diputados (OFRITEL), licenciado Rafael González Tirado, afirmó ayer que el Gobierno no tiene otra alternativa que ejecutar el convenio para la isla artificial, o atenerse a las consecuencias que en materia de responsabilidad civil prevé el mismo.

Dijo que ni el convenio de la isla artificial ni el contrato de los RD$132.7 millones para la tecnificación de la Policía Nacional, son susceptibles de devolución (al Congreso) ni de observación por parte del Poder Ejecutivo.

González Tirado señaló que el artículo 41 de la Constitución de la República que esgrimió el presidente Leonel Fernández para devolver a la Cámara de Diputados los referidos contratos con el pedimento de que ambos sean desestimados, se refiere únicamente a las leyes, “no ha contratos ni convenios que es de lo que se trata”.

Agregó que constitucionalmente, la competencia de las cámaras legislativas respecto de los convenios y contratos firmados por el Gobierno, se circunscribe a aprobarlos o rechazarlos, como garante que es el Congreso Nacional de los bienes del Estado.  “El (presidente Fernández) no tiene derecho a pedir ahora que lo tumben; esos contratos están suscritos y formalizados, las cámaras legislativas no tienen competencia para volverlos a conocer y rectificarlos”, dijo el Consultor Jurídico de la Cámara Baja.

Agregó que para resolver la situación que se ha presentado lo único que el Gobierno podría hacer es concertar directamente con las empresas involucradas, “porque inmediatamente el Congreso aprueba o no un convenio o contrato, automáticamente queda fuera de eso”.

González Tirado informó que así lo hacen saber al presidente Fernández, en un informe que rindió la OFRITEL al presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Julio César Valentín.