El ex Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),   Franklin García Fermín, afirmó ayer que el Presidente de la República se extralimitó al asignarle a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEG) facultades que corresponden al Ministerio Público.

Dijo que el decreto mediante el cual se da poderes a Marino  Vinicio Castillo para perseguir la corrupción administrativa podría ser declarado inconstitucional.

“La persecución de las irregularidades que puedan cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones es facultad del Ministerio Público y la sanción corresponde a los tribunales de la República”, agregó el ex presidente del Colegio de Abogados.

Señaló que  la DGEG es un órgano para promover la prevención del delito en el que puedan incurrir  los funcionarios públicos, estimular e incentivar  las buenas acciones,  “nunca para interrogar  ni perseguir», sostuvo García Fermín.

Desacertado e improcedente. Así calificó el ex rector de la universidad estatal    el rol asignado a Castillo para perseguir e interrogar a los funcionarios corruptos de la administración pública,

Dijo que para evitar que el decreto   número  486-12  pueda ser declarado inconstitucional, debe corregirse esa parte.

“La ética no se persigue, sino que  se promueve,   se incentiva”, puntualizó García Fermín en un documento de prensa.