POR GERMAN MARTE
La  existencia del Fondo de Asistencia Social de los senadores   fomenta el dispendio de los recursos públicos y contradice los principios que deben regir en el  Congreso Nacional, afirmó ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Subrayó que el Fondo Social, también conocido como “barrilito” o “cofrecito”, sale de los  recursos de los contribuyentes a través del Presupuesto General de la Nación, para que los legisladores administren a la libre,  supuestamente en el  mejoramiento de las condiciones sociales de las comunidades que les eligieron.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus, indicó que  la función primordial del Congreso en una sociedad democrática es crear el marco normativo que garantiza la institucionalización del ejercicio del poder y disponer de mecanismos para su control de acuerdo a las directrices de la Constitución.

El Fondo Social de los Legisladores  es una de las bases principales de la partidocracia que todos critican pero que nadie combate en la realidad, expresó Castaños Guzmán.

Destacó que no existe ninguna disposición constitucional que permita al Congreso Nacional asumir acciones que están dentro del ámbito de la función del Poder Ejecutivo.

Por tanto, acotó, los legisladores lesionan su labor esencial cuando asumen la realización de servicios públicos encomendados a la Administración, con el agravante,  de que lo hacen sin someterse a los controles que el manejo de presupuesto requiere.

“Se trata pues de un gasto discrecional, lo cual es un caldo de cultivo para prácticas clientelistas que en manos irresponsables, derivan hacia la corrupción”, manifestó.

GENERA PRIVILEGIOS

El manejo discrecional de fondos del presupuesto nacional por los legisladores atenta contra el sistema electoral, en la medida en que el uso de esos recursos genera un privilegio indebido a favor de los legisladores, y esto  afecta a otros futuros candidatos a la misma posición, señala el vocero de la Finjus.

Advirtió que nada evita que los legisladores usen esos fondos del Estado para financiar las campañas anticipadas, y tratar de  perpetuarse en sus  cargos, y eso es  una violación a  la Constitución y  la Ley Electoral.

Abogó porque la Cámara de Cuentas juegue su rol de control y declare sin fundamento legal la práctica del “barrilito” y ordene que los fondos que hoy se destinan a dichas actividades se inviertan en el perfeccionamiento de la labor propia de los congresistas, es decir la creación de leyes y de control por parte del Congreso de la República.