La que fuera enfermera del ahora fallecido presidente venezolano Hugo Chávez está siendo víctima de una «persecución política» por parte del gobierno de Nicolás Maduro, declaró ayer la defensa de Claudia Patricia Díaz Guillén durante una vista para decidir si España debe extraditarla a Venezuela por acusaciones de blanqueo de capitales.
Díaz, que llegó a ser una de las personas de mayor confianza en el círculo de Chávez y titular hasta poco después de la muerte del ex presidente del FONDEN, el fondo encargado de invertir los ingresos por las exportaciones petroleras del país, señaló a los jueces de la Audiencia Nacional de España que no desea ser entregada a Caracas.
Su abogado, Ismael Oliver, argumentó que no se cumplen todos los requisitos para la extradición porque, entre otros motivos, la orden de detención original sobre la que se basaron había sido anulada por un tribunal superior venezolano.
También señaló que las autoridades de Venezuela no han especificado cuáles son los supuestos delitos de blanqueo que se atribuyen a Díaz y a su marido, Adrián Velásquez Figueroa, un empresario y militar que fue miembro del equipo de seguridad de Chávez. En declaraciones a la prensa, Oliver señaló que el caso contra el matrimonio responde «a lo que está ocurriendo en Venezuela a nivel político en Venezuela.»