POR ODALIS MEJIA
La organización internacional The Nature Conservancy (TNC) consideró que la declaración de utilidad pública y la expropiación de terrenos a particulares que son áreas protegidas (AP) viola la Constitución de la República en cuanto al derecho de la propiedad privada que establece que al declararse el interés social debió pagarse el valor de las tierras de forma justa.

Un informe sobre los aspectos jurídicos de la tenencia de tierras en los parques Armando Bermúdez, José Del Carmen Ramírez, Valle Nuevo y Jaragua, ordenado por TNC y  realizado por Omar Domínguez, advierte que las autoridades han  puesto poca atención a la propiedad de las AP al punto que no existe un inventario de los terrenos en conflictos.

Dice que esos terrenos fueron declarados de utilidad pública, expropiados y no pagados, violando la Constitución en su artículo ocho sobre el derecho de propiedad que plantea “que nadie puede ser privado de ella sino por causa justificada de utilidad publica o interés social, previo pago de su justo valor.

Determinado por sentencia de un tribunal competente”. Este informe fue presentado recientemente como parte de una serie de consultorías que realizan diversos organismos internacionales con miras a definir las políticas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

En éste se establece que también que existen  terrenos sin registrar, diversos amparos de propiedad, ocupantes de terrenos no registrados, reclamantes con fallos a favor, amparados por certificado de título,  por carta constancia y compradores y sucesores de los amparos citados.