POR UBALDO G.MOLINA 
La ejecución de más de veinte personas durante la gestión del mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez al frente de la Policía, demuestra que «sectores oscuros» de esa institución le han torcido el brazo, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.

Señaló también que el jefe de la Policía viola el artículo 54 de la Ley Policial, porque tan pronto un policía es señalado o involucrado en un crimen, inmediatamente la jefatura debe proceder a su separación.

Criticó que muchos oficiales «manchados de sangre», incluso con providencia calificativa, estén al servicio de la Policía.

Expresó que la reforma policial está quedando en los anuncios publicitarios de la Secretaría de Interior a cargo del doctor Franklin Almeyda y de la propia jefatura de la Policía.

Entrevistado en el programa radial «La verdad ante todo», que producen las periodistas Rosa Alcántara, Leonora Ramírez y Nelly Ramírez, Mercedes sostuvo que se debe respetar al artículo 57 del Código Procesal Penal, según el cual un policía envuelto en un caso delictivo debe ser juzgado por un tribunal ordinario.

Consideró que para combatir la delincuencia «no se puede poner la Iglesia en manos de Lutero».

Precisó que en cada cinco casos delictivos, en cuatro hay miembros de la propia Policía y que de esa manera no se puede combatir la delincuencia.

Según Mercedes, el general Pérez Sánchez anunció la creación de una comisión para investigar las ejecuciones extrajudiciales y dijo que la comisión espera que se ponga el día para presentarle las pruebas, con testimonios de testigos de ejecuciones y los nombres de policías y oficiales que participaron.

Sostuvo que ante la falta de la seguridad que debe brindar el Estado a sus ciudadanos a través de la propia Policía, la gente se organiza para poder protegerse de los delincuentes.

Definió a la Policía como «un tanque ya muy viejo, podrido, que tú abres por un lado y se cierra por el otro».

Mercedes dijo que los derechos humanos en el país registran actualmente un deterioro significativo, a tal punto que han surgido cosas que ya estaban superadas desde hace años.

Señaló que al ascender las actuales autoridades, planteó la necesidad de que el Estado definiera estrategias dirigidas a resolver los grandes problemas que se manifiestan en la violación de los derechos humanos.

A su juicio, el gobierno carece de estrategia para combatir la violencia delictiva y los delincuentes y sostuvo que siempre se ha querido hacer lo mismo: «ejecuciones extrajudiciales».

Expresó que debe existir una voluntad política de Estado para combatir las causas de la delincuencia, como la marginación social, falta de empleo y los niños que se quedan fuera de las aulas.

Señaló que las redadas son ilegales desde el punto de vista de la Constitución.

Lamentó que Alejandro Moscoso, Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia, quiera justificar lo injustificable en relación con las redadas.

«Querer justificar que las redadas policiales son legales, es un desconocimiento y una ofensa a un código que ellos mismos están comprometidos a que se cumpla en el país», dijo.

Señaló que el Ministerio Público se está constituyendo en el principal violador del estado de derecho que debe regir en una sociedad democrática.

Recomendó a Moscoso que estudie el Código Procesal Penal, pues sólo habla de registro y no de redadas.

Al sostener la falta de efectividad de las redadas, agregó que a los dos días de la realizada en Capotillo, Los Morenitos caminaban por el sector y su banda asesinado a otro.

Las redadas y las ejecuciones extrajudiciales, sostuvo, no han resuelto el problema de la delincuencia en el país.