Dice hay indicios contra banqueros

POR DIEGO PESQUEIRA Y FERNANDO QUIROZ
El procurador general Francisco Domínguez Brito ratificó ayer que el gobierno mantiene su posición frente al alegado fraude en el Banco Intercontinental (BANINTER) porque en el expediente contra Ramón Báez Figueroa “existen los suficientes elementos de prueba para llevar a juicio a todos los responsables”.

Domínguez Brito estimó que procede la incautación de los bienes para proteger el patrimonio “de la República Dominicana, pero sobre todo, el presente caso requiere de la voluntad de los actores del sistema de administración de justicia para hacer de nosotros una nación institucionalmente viable”.

Manifestó que urge el enjuiciamiento del caso BANINTER en un plazo razonable por que su sanción es fundamental para el desarrollo del país.

“Si en este momento, como sistema de administración de justicia y como sociedad, no definimos lo que queremos y no asumimos el rol que nos corresponde, sin importar las consecuencias y aún coyunturalmente seamos los perjudicados, en el día de mañana le entregamos a nuestros hijos una nación desarticulada, sin expectativas de futuro, sin orden, ni esperanza”, expresó Domínguez Brito.

La posición del Procurador está en una comunicación remitida a los magistrados Katia Miguelina Jiménez, Esther Agelán Casasnovas y Sergio Antonio Ortega, integrantes de la Cámara de Calificación, que conoce el recurso de apelación contra la providencia calificativa que envió por ante un tribunal criminal a los principales ejecutivos del BANINTER, Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco.

Empero, el magistrado del séptimo juzgado de instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, favoreció con un no ha lugar a los otros ejecutivos implicados originalmente, Vivían Lubrano de Castillo, Luis Álvarez Renta y Jesús María Troncoso.

“Si el sistema de administración de justicia no logra vencer el estado de impunidad que prevalece en nuestra sociedad en los casos mayores, estamos condenados al desmembramiento de nuestras instituciones”, precisó.

A juicio de Domínguez Brito en una sociedad donde no se respetan las normas, donde no existen reglas claras, y donde no hay sanción para el que las viola, lo normal se va convirtiendo en lo anormal y con ella la convivencia social y armónica desaparece.

Domínguez Brito, alega en la comunicación, que el artículo 47 de la ley 78-03, del Estatuto del Ministerio Público, lo facultad “para intervenir personalmente, cuando lo juzgue conveniente al interés público en los procesos penales de la jurisdicción ordinaria o especial, por ante cualquier tribunal del territorio nacional”.

No obstante, Domínguez Brito, alega que “no pretendemos en la presente reiterar los motivos expuestos en la querella penal, ni en las motivaciones de derecho que motivaron la acción pública”.

Agrega que su acción tampoco se fundamenta en lo contentivo en los recursos de apelación o en las enumeraciones y descripciones de los elementos de prueba en la acusación para que se conozca el juicio contra los inculpados.

“Con la presente pretendemos fijar de manera clara y expresa la posición del ministerio público en el presente caso, que al igual que otros de igual naturaleza han afectado seriamente el patrimonio del Estado y, peor aun, constituyen una violación extrema de las normas establecidas”, apuntó.

Con el caso BANINTER, dijo, se sienta el precedente para determinar si estamos en condiciones de avanzar institucionalmente y si tenemos futuro como sociedad organizada.

Aclaró que en el caso no esta en juego si se da respuesta a organismos internacionales para créditos o de condiciones para la renegociación de la deuda externa, “tampoco si somos merecedores de ayudas internacionales o la calificación que pueda hacerse sobre si en verdad existe un régimen de seguridad jurídica en el país”.

Sostuvo que en el fondo lo que en verdad importa es  y lo que está en juego es el devenir del país dentro del marco de las reglas del orden, el respeto a las normas establecidas, a los valores que deben caracterizar a una sociedad y el sentido de responsabilidad que debemos asumir.

ABOGADOS REPLICAN

Los abogados del banquero Ramón Báez Figueroa consideraron que el procurador Domínguez Brito apeló a poderes extraordinarios para interferir en el proceso del BANINTER, porque entienden que ya ese caso no es de su jurisdicción sino del procurador general de la corte. 

Califican de “extraña y atípica” la carta del Procurador  a la Cámara de Calificación que conoce el proceso del BANITER.

Marino Vinicio Semán, uno de los abogados de Báez Figueroa, sostuvo que el Procurador interviene en el caso, “sosteniendo que existen suficientes elementos de prueba para llevar a juicio a los acusados, sin haber siquiera tenido en su poder las 390,000 páginas del expediente”.

A continuación el texto íntegro de la declaración pública de los abogados de Báez Figueroa, que firma Vinicio Castillo Seman:

“El Consejo de Defensa del señor Ramón Báez Figueroa, calificó de extraña y atípica la misiva enviada por el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, a la Cámara de Calificación que conoce el proceso BANINTER, ya que, sin estar este caso en su jurisdicción apela a poderes extraordinarios, para interferir en este asunto de la competencia del procurador general de la corte, sosteniendo que existen suficientes elementos de prueba para llevar a juicio a los acusados de este caso, sin haber siquiera tenido en su poder las 390,000 páginas del expediente.

“El procurador general de la República entiende al parecer que los responsables del colapso del Baninter son Ramón Báez Figueroa y demás acusados, sin tener como jefe del ministerio público, el más mínimo interés de investigar el saqueo que encabezaran el ex presidente Hipólito Mejía; José Luis Malkun -ex gobernador del Banco Central-, de los bienes de dicha institución bancaria y la apropiación de decenas de miles de millones de pesos del Estado dominicano, en violación a la Ley Monetaria y Financiera, que éstos hicieran para favorecer a sus allegados y asociados.

“Es lamentable que Francisco Domínguez Brito, no clame porque esos crímenes de las anteriores autoridades en el colapso Baninter sean llevados a juicio.

“Es igualmente, extraño y lamentable que el jefe del Ministerio Público, que desde la sociedad civil clamara por el respeto del debido proceso de ley y el derecho a las garantías constitucionales a la defensa de los procesados, no se haya pronunciado por ante esa misma Cámara de Calificación para que, el expediente acusatorio de BANINTER sea comunicado a todos los acusados.

“Es sorprendente que el jefe del ministerio público clame por la ratificación de la incautación de bienes en el caso BANINTER ordenada por Hipólito Mejía y José Luis Malkun, cuando el poder Judicial desde el primer grado hasta la Suprema Corte de Justicia, se ha pronunciado sobre el carácter abusivo e ilegal de estas.

“Francisco Domínguez Brito, hoy procurador general, siempre clamó en los seminarios de FINJUS -Fundación Institucionalidad y Justicia- y Participación Ciudadana, por el respeto al denominado bloque de que obliga a los jueces de instrucción a comunicar todos los documentos del expediente acusatorio. Sin embargo, hoy desde el cargo de la Procuraduría General, niega con su silencio este derecho fundamental de Ramón Báez Figueroa y demás acusados”.