POR ROSA ALCANTARA
El doctor  Jorge Eligio Méndez, exsuplente de la Junta Central Electoral (JCE), afirmó ayer que esa institución se encuentra maniatada financieramente por el gobierno y advirtió que con el recorte en el presupuesto no hay toda la garantía y seguridad de que se puedan celebrar en el país unos comicios satisfactorios.

  Dijo que no descarta someter ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad por la violación a las partidas presupuestarias de entidades con autonomía como la SCJ, la Junta Central Electoral, los Ayuntamientos y la Cámara de Cuentas.

  Méndez, experto en asuntos electorales,consideró que se afecta la institucionalidad del país y trae consigo un carácter de irregularidad  serio cuando una Junta tiene  que vivir arrodillada al Poder Ejecutivo.

Asimismo, advirtió que tendría repercusiones internacionales muy negativas si la JCE por reducción de fondos tiene que suspender programas  como el registro civil y la educación electoral.

“Todo estado de anomalia y de irregularidad que tradicionalmente se ha establecido en materia electoral en el país y todos los criterios de ciertos niveles de equivocación  ha sido por la baja calidad educacional a nivel de los miembros de los colegios electorales, y si la JCE no cuenta con los fondos por un lado para este proceso de capacitación eso representa una alta peligrosidad”, subrayó.

Aseguró que con los pingües recursos que se les quiere asignar a la JCE, por más esfuerzos que hagan los jueces, no se podrá hacer  la implementación tecnológica, que es cara, así como tampoco aplicar  el voto del dominicano en el exterior.

También dijo que correría peligro la no asignación de una dieta honrosa a los voluntarios que contrata la JCE en el proceso electoral.

Aseguró que en la JCE hay jueces con competencia y seriedad

       El profesor de derecho electoral en la UNPHU explicó que la JCE cuenta con la ley 265-97 y  otra  que le da la autonomía presupuestaria.

Criticó que los jueces electorales, por el recorte de los fondos a la JCE, tengan que andar reuniéndose con funcionarios de cualquier categoría.

Dijo que eso deja un estigma  y una duda  de que los jueces deberán estar en un peregrinaje eterno  y  recurran a una voluntad externa para poder procurar fondos “ya eso concluye a que ciertamente hay un elemento mediato o inmediato que procura que se aborten las elecciones”.

Asimismo, consideró  un chantaje e intenciones de dañar la imagen de los magistrados por parte de sectores del gobierno cuando se señala que la JCE incurre en gastos superfluos con los regalos de canastas navideñas a sus empleados o le compra vehículos a los jueces.